El Tribunal Constitucional anuló el impuesto sobre plusvalía por el que los ayuntamientos españoles ingresan el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se revalorizan en procedimientos de herencia, venta o donación. El impuesto directo que ha sido anulado por el Constitucional puede suponer un perjuicio para el Concello de Ourense, que la concelleira de Facenda, Ana Morenza (PP), cifra en alrededor de siete millones de euros.
La popular señala que “esta sentencia ya va a suponer un fuerte mazazo para las arcas de las administraciones locales. Y en el caso del Concello de Ourense supone una merma de siete millones de euros que esperamos sean compensados por el gobierno central. En caso contrario, no llegaríamos a cubrir el gasto comprometido del Concello”.
Y añade que “el borrador del que habla el Ministerio de Hacienda (un borrador para dar seguridad jurídica después de la sentencia) es un borrador que ya estaba en el mandato de Mariano de Rajoy, por lo que el gobierno de Sánchez lleva sin mover ni un papel desde el 2018. Ahora los problemas son para los Concellos que se encuentran con este problema y sin forma de financiación, a no ser ese fondo de compensación”.
