Castrelo de Miño, Viana do Bolo y Ourense. Tres historias de díscolos con similitudes, pero con diferencias sustanciales. En las dos primeras hubo un cambio de alcalde, en la capital de Ourense no, siguió Pérez Jácome.

La “trama” que denunció el regidor ourensano para sacarlo de la Alcaldía acabó con cuatro miembros de Democracia Ourensana expulsados del partido. A esos cuatro, hay que sumarle la ruptura de Ciudadanos en Ourense que llevó a que Laureano Bermejo en el Concello de Ourense y Monserrat Lama en la Diputación, también adquirieran la etiqueta de díscolos.

En el caso de DO, Pérez Jácome judicializó el caso para que fueran declarados como “tránsfugas” por setencia judicial, pero los cuatro díscolos pidieron medidas cautelares que fueron aceptadas.

Ante la situación de transfuguismo en la provincia de Ourense y más concretamente en el Consistorio de la capital, los diferentes grupos políticos quieren blindar las asignaciones económicas que perciben los partidos con representación municipal para que en caso de que un edil abandone el grupo, pero no renuncie al acta de electo, se mantengan las mismas partidas económicas sin perjudicar al partido por una decisión arbitraria.

El gobierno municipal lleva hoy a una junta de gobierno una propuesta de modificación de la sbases de ejecución de los presupuestos municipales con la finalidad de que se mantengan las asignaciones, recogiendo el acuerdo previo de la junta de portavoces y las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fuentes municipales, señalan que “el acuerdo no aumenta la dotación económica para los grupos municipales prevista en el presupuesto vigente: 700 euros por grupo y 700 por miembro de grupo al mes. El cambio que concreta es que el número de miembros de cada grupo estará determinado por el número de concejales electos en la candidatura de la formación política a través de la que fueron elegidos. Este número de miembros se mantendrá invariable durante todo el mandato, con independencia de que uno o varios ediles abandonen el grupo o no lleguen a integrarse en el mismo”.

Desde el gobierno municipal explican que “se trata de un acuerdo para que los grupos no sean vulnerables a casos de transfuguismo. Algo en lo que los grupos están de aceurdo y que se llevará al pleno para su aprobación”.

Desde Ciudadanos señalan que “nosotros estamos completamente de acuerdo en que los grupos tienen que tener su estructura económica en base a los resultados electorales”. Por su partes, desde el BNG también apoyan la medida como firmantes del pacto antitransfuguismo con todo lo que conlleva.

El acuerdo que se espera que se aprueba en el próximo pleno recoge el criterio de la FEMP que aboga por que se legisle de forma que sea obligatorio por ley y no requiera de acuerdos en cada concello. Desde este punto de vista el gobierno municipal finaliza diciendo que “nos adelantamos”.