La acusada de demoler una vivienda antigua en una finca de su propiedad y levantar otra, sin permiso legal para hacerlo, aceptó ayer el delito que la Fiscalía le imputaba contra la ordenación del territorio. Por ello se ha rebajado la pena de cárcel inicial que se pedía y no deberá ingresar en prisión.
Los hechos se remontan a mayo de 2004, cuando la encausada solicitó licencia y autorización autonómica para rehabilitar y ampliar una edificación antigua. Pero los permisos no le fueron concedidos y la resolución le fue notificada.
Aún así, la acusada levantó en ese mismo terreno, a partir del año 2009, una vivienda de hasta tres niveles, en la rúa Bacelo del municipio de Punxín.
Así las cosas, la Fiscalía ha dejado la pena final en un año de cárcel y una multa de 720 euros que deberá abonar en un plazo de 12 meses, según lo acordado en el juzgado de lo Penal 1 de Ourense.
