El juicio en el que el exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, se enfrenta a dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos durará, previsiblemente, 5 días. Junto a él también se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados Ricardo Campo –exedil de Urbanismo durante e mismo gobierno del PP– por atribuírsele los mismo delitos.
Así las cosas, el 25 de octubre comenzará el interrogatorio de los dos encausados y la testifical de Áurea Soto, exconcejala de Urbanismo durante el mandato del PSOE que denunció –en el año 2014– que ambos miembros del gobierno popular “procedieron a realizar actuaciones activas y omisivas con la finalidad de enriquecer injustamente a los promotores de los diferentes ámbitos urbanísticos a desarrollar, evitando la entrada en el patrimonio municipal del suelo de 10% de los aprovechamientos urbanísticos, que por ley pertenecían al Concello”. Su denuncia derivó en el caso que se conoce como del 10% y que el próximo mes de octubre se analizará por un tribunal de magistrados de civil.
Para prestar declaración esa primera jornada también pasará por la segunda planta del edificio de Justicia Alfonso Pavón Vidal –jefe de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del Concello de Ourense–.
También deberá responder a las preguntas de la fiscalía el secretario general del Consello de Contas de Galicia, Rosendo Figueroa Dorrego, para aportar su visión de los hechos en una declaración pericial. Todo ello para contribuir con con análisis de lsos proyectos de gestión urbanística como prueba documental.
En los sucesivos días, el exalcalde socialista Manuel Veiga Pombo también será llamado a prestar testimonio. Y es que los acusados basan buena parte de su defensa en que en diciembre de 1994, siendo regidor este, el pleno aprobó por mayoría absoluta, con una sola abstención, en base a dos informes emitidos por el secretario, Mariano Rodríguez, de fecha 6 de junio de 1994 y 3 de octubre de 1994, que según los encausados establecían la licitud de aprobación de los proyectos de compensación, sin el deber de exigencia a los promotores del aprovechamiento urbanístico.
La defensa de Campo Labrador, que ejerce el abogado Jorge Temes, pide su absolución alegando, por un lado, que los hechos estarían prescritos desde 2013 (un año antes de la denuncia de Áurea Soto) y por otro que, en todo caso, los ediles contaban con informes técnicos y jurídicos a favor para las exenciones urbanísticas.
La Fiscalía y la exedil solicitan una condena de 7 años de cárcel para cada uno de los acusados y una indemnización de un millón y medio de euros, además de una larga inhabilitación.
Las recusaciones formuladas por la defensa del exalcalde de Ourense Manuel Cabezas contra el primer tribunal designado para juzgarlo –así como la abstención aceptada de los otros dos magistrados de la sección penal de la Audiencia– obligan a que la causa sea enjuiciada por una sala compuesta por dos magistradas especializadas en Derecho Civil.
