El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, encuentra el primer obstáculo para empezar a gestionar por libre los 62 millones que consiguió a través de una modificación de crédito que se aprobó y entró en vigor el pasado 12 de agosto, tras su publicación en el BOP, y cuyo reparto y destino a obras fue decidido en solitario por el propio regidor, sin someterlo al pleno ni recibir alegaciones.
Pese a que un artículo de la Ley Electoral lo ampara, según afirma el gobierno local, el BNG considera que se conculca la ley y ayer anunció que va a presentar un recurso de reposición del acuerdo ante el órgano que tomó esta decisión, al considerarla “lesiva y claramente antijurídica”.
También darán cuenta de esta modificación de crédito, equivalente por su volumen a casi el total de unos presupuestos municipales anuales, ante la Dirección General de la Administración Local de Galicia y la Subdelegación del Gobierno para que actúen en consecuencia.
Pese a esta medida, que van a realizar de forma inminente, y que anunció ayer el propio portavoz nacionalista en el Concello, Luis Seara, tanto él como la otra edil del grupo, Ruth Reza, mantienen que “seguimos tendiendo la mano al gobierno para abrir canales de diálogo con el objetivo de buscar la mejor solución para los intereses del conjunto de los vecinos”.
El BNG basa su postura en que esta modificación de crédito, que entró en vigor el día 12 de agosto, “obvia una sentencia del Tribunal Supremo, la 784/2015 de 13 de febrero, que dice que la aprobación del expediente de modificación de crédito debe considerarse con carácter inicial, con el objeto de que cualquier ciudadano pueda presentar, si así lo considera, alegaciones”.
Consideran que la decisión adoptada por el alcalde es “una huida hacia adelante de Jácome y del PP, a la que se agarran como un náufrago a una tabla, haciendo suyo un informe cuestionable”.
El informe en el que se basan es “un compendio de medias verdades, así como de juicios de valor. Obvia lo que dice una sentencia del máximo órgano jurisdiccional, y se aferra a la parte de la sentencia que le interesa, es decir los votos particulares, dándole más valor a estos que a la propia sentencia”, indica Luis Seara.
“No deja indiferente que se asevere lo siguiente: evidentemente el problema surge porque en el probable caso de que estas alegaciones sean presentadas, resulta previsible que el pleno pueda estimarlas, quedando sin virtualidad alguna la cuestión de confianza”.
Por lo tanto, consideran que apoyar que “una presunción se convierta en un argumento de peso para un informe es tan sorprendente como poco riguroso. Igualmente poco afortunados son los ejemplos de otras sentencias a las que se hace alusión en este informe para justificar la modificación de crédito “es asumido por el gobierno local y por algún concejal de la oposición, para la comisión de una arbitrariedad, a nuestro criterio contraria a derecho”.
El regidor cree que la oposición hace esto “por inquina, envidia o venganza”
“PSOE y BNG en el Concello, han lanzado ya en prensa que podrían ir a la justicia para frenar que Ourense invierta 62,6 millones € que salió adelante tras la cuestión de confianza”, explicaba ayer en sus redes el alcalde. “Lo he visto demasiadas veces, cómo por inquina, por destruir, por venganza o por envidia se dedican los mejores recursos” . Considera que “PSOE y BNG parecen poner todas las energías y recursos posibles para que Ourense no tenga nuevos parques infantiles, nuevos autobuses o nuevos asfaltados en las calles. Lo que sea por frenar. Para ellos, Ourense cuanto peor, mejor”, argumenta como respuesta.
