Los forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) realizan una labor de apoyo judicial que resulta fundamental en los procedimientos, para determinar el alcance de las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas –informes de sanidad que suponen la base para la solicitud de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil–, así como la verosimilitud de sus versiones.
En las causas por delitos sexuales, en las que en ocasiones solo existen las versiones directas del acusado y de la víctima –los tribunales deben valorar en base a corroboraciones periféricas si hay motivos para condenar–, la labor de estos profesionales de medicina legal es trascendental.
A la vista de su trabajo en materia de informes sobre la credibilidad de las manifestaciones efectuadas por menores supuestas víctimas de delitos sexuales, las denuncias por abusos o agresiones sexuales sufridos por este colectivo de edad se han duplicado: de 14 valoraciones efectuadas en 2019 a un total de 25 en 2020, año marcado por la pandemia y por meses de confinamiento en el domicilio.
En los últimos meses, se evidencia un mayor número de juicios, tanto en los dos penales de Ourense como en la Audiencia Provincial, relacionados con delitos contra la libertad sexual. Según la estadística de criminalidad más reciente del Ministerio del Interior, relativa al primer trimestre, –refleja el dato de los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y cuya resolución judicial todavía puede demorarse unos meses o años–, este tipo de delincuencia ha aumentado en la provincia de Ourense de forma significativa, un 69,2%, con 22 delitos entre enero y marzo de este año, por los 13 del mismo periodo de 2020, antes del confinamiento.
