El juzgado contencioso-administrativo Nº2 de Ourense acaba de estimar la demanda, presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), con respecto a un bombero del servicio de extinción de incendios del Concello de Ourense que reclamaba el cumplimiento de la jornada máxima anual establecida, así como el pago de las horas extras derivadas de los excesos de jornada.
La sentencia recoge el derecho del bombero a percibir los atrasos de los últimos cinco años así como la obligación del grupo de gobierno de negoaciar el establecimiento de un calendario laboral que respete la jornada máxima anual. Desde la CIG, señalan que “no es la primera ni será la última resolución que imponga a los actuales regidores el cumplimiento de negociar con los funcionarios. Esa es la triste realidad que tenemos en la capital con un gobierno de DO más PP, que entienden la gestión como ocurrencias y para lo demás ordenar y mandar”.
