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Antonio Pousa, ante la comisaría de Ourense. | // FERNANDO CASANOVA

Antonio Pousa | Secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP)

“Se ha perdido eficacia y rapidez en la respuesta policial sin la sala del 091”

“Un solo funcionario atiende las llamadas de Ourense y Lugo, y algunas han quedado sin ser atendidas y muchas son contestadas con retraso”

El SUP, el sindicato mayoritario de la comisaría provincial de la Policía Nacional de Ourense, con un 60% de los afiliados, lleva tiempo mostrando su oposición contra la supresión de las salas del 091 en Ourense y Lugo. La centralización de este servicio de atención al ciudadano se consumó a principios de marzo, pese a que las federaciones vecinales de ambas provincias y el PP expresaron su rechazo. Desde entonces, y al contrario de la justificación del subdelegado del Gobierno, que sostiene que la calidad del servicio no se ha visto resentida, el SUP asegura que han quedado llamadas sin atender y que la supresión de la sala afecta al tiempo de respuesta policial.

El SUP, el sindicato mayoritario de la comisaría provincial de la Policía Nacional de Ourense, con un 60% de los afiliados, lleva tiempo mostrando su oposición contra la supresión de las salas del 091 en Ourense y Lugo. La centralización de este servicio de atención al ciudadano se consumó a principios de marzo, pese a que las federaciones vecinales de ambas provincias y el PP expresaron su rechazo. Desde entonces, y al contrario de la justificación del subdelegado del Gobierno, que sostiene que la calidad del servicio no se ha visto resentida, el SUP asegura que han quedado llamadas sin atender y que la supresión de la sala afecta al tiempo de respuesta policial.

– El subdelegado afirmó que “los vecinos no pierden calidad en la atención ni se ve resentido el servicio” con la eliminación de la sala del 091 en Ourense. ¿Lo comparte?

– Antes de nada, con respecto a que la reestructuración permitiría dotar 12 agentes para investigación, la Subdelegación del Gobierno ya nos ha comunicado que se trató de un error en la nota de prensa, como imaginábamos. Está más que acreditado que hemos perdido eficacia, eficiencia y rapidez en la respuesta policial. Han quedado llamadas sin contestar y muchas se atienden con retraso, puesto que existe un gran volumen y por el mismo canal de servicio se están atendiendo las llamadas de Ourense y Lugo.

– ¿Complica la comprensión y la rapidez de la respuesta que el operador tenga que identificar a qué lugar se refiere un ciudadano cuando requiere a la Policía en Salto do Can, o Rabo de Galo, o Peliquín?

– Si preguntas a un funcionario de A Coruña que no ha trabajado en Ourense o no ha estado, o tal vez solo conozca el centro, no tendrá ni idea de dónde pueden quedar esos lugares. Los requerimientos a veces generan fallos de información por un desconocimiento de la realidad particular que presenta Ourense.

– Con la supresión de este servicio de proximidad y la centralización de la atención telefónica en A Coruña, ¿existe el riesgo de que una emergencia quede sin atender, o se haga tarde, o de que no se responda la llamada de alerta de una víctima?

– Sí, ese riesgo existe, máxime cuando hay un funcionario para dos provincias, como ha sucedido hasta ahora, porque otros que se tienen que incorporar aún están pendientes de la formación en Madrid, con lo que este cambio no se ha hecho en tiempo y forma ni con la debida previsión. Además, está pendiente la realización de obras en la sala de A Coruña, que se prevé que comiencen en junio. No sabemos si tendrán que operar mientras un obrero está picando, o si los funcionarios tendrán que resolver las llamadas escuchándose unos a otros.

– ¿Qué nueva ocupación ejercerán los 12 funcionarios que trabajaban en la sala del 091 de Ourense?

– Más o menos ya está resuelto: básicamente, seguridad del edificio judicial, radiopatrullas y custodia de detenidos. Está pendiente saber si habrá algún funcionario dedicado a atender el correo interno, las llamadas o el fax de la comisaría. El incremento de funcionarios para otras tareas sí se va a notar, pero no deja de ser desvestir a un santo para vestir a otro.

– ¿Han contado con el apoyo del comisario en esta demanda?

– No hemos tenido ninguna colaboración por su parte, del mismo modo que tampoco es partidario de que en su día se hubiera adscrito a Ourense la UPR [Unidad de Prevención y Reacción]. Este jueves mantendremos una reunión con el subdelegado del Gobierno para plantear esta y otras cuestiones.

– ¿Y ve posible una marcha atrás? ¿Qué le parece la defensa de este cambio que hace el subdelegado?

– Si hay voluntad todo es posible, porque la instalación en Ourense ya está hecha. Entendemos la posición del subdelegado y que tiene que dar cobertura a una decisión más política que operativa, pero no se puede ver como beneficiosa una medida que resulta deficitaria. Además hay que tener en cuenta que el plan de modernización de las salas Cimacc ya se encontraba implementado en Ourense, con un funcionamiento a pleno rendimiento, con funcionarios formados que conocían tanto la ciudad como su delincuencia. Era un engranaje que funcionaba a la perfección, dando un servicio a la ciudadanía con una respuesta inmediata.