La Xunta está informando negativamente todos aquellos parques eólicos que se están desarrollando fuera de las áreas establecidas por el Plan sectorial eólico de Galicia. En el caso de la provincia de Ourense, se trata de proyectos tramitados por el Gobierno central en los concellos de Carballeda de Valdeorras Maceda, Laza y A Veiga: los parques eólicos de Alto Cabrera, Prada y Rebordechao. Así lo informó ayer el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, en una reunión con alcaldes ourensanos para explicar en detalle las novedades de la nueva Ley de Reactivación Económica, que, asegura, garantiza un desarrollo ordenado del sector eólico porque exige el cumplimento de todas las garantías ambientales y de impacto territorial.

Los concellos emprendedores podrán adherirse a la plataforma digital que la Xunta va a impulsar a través del Igape, que funcionará como ventana única para ayudarlos en todo el proceso de tramitación de nuevos proyectos empresariales.

Conde explicó a los alcaldes las novedades de la nueva normativa, y que el objetivo es acercar la máxima agilidad administrativa a las iniciativas que desde el punto de vista industrial y empresarial se vayan a desarrollar en Galicia con todas las garantías y la máxima seguridad jurídica. Establece un plazo general de tres meses para emitir informes vinculados a la Administración autonómica, aplica el silencio administrativo positivo, amplía los supuestos de iniciativas empresariales prioritarias y proyectos industriales estratégicos teniendo en cuenta las propuestas que sean seleccionadas para optar a los fondos europeos, y recoge esta figura para los proyectos de generación eléctrica a partir de renovables cuando estén vinculados al autoconsumo industrial. Así, los proyectos eólicos serán considerados iniciativas empresariales prioritarias cuando se encuadren en uno de estos tres casos: si justifican un compromiso industrial asociado al parque eólico que suponga la creación de un mínimo 25 empleos, si tiene justificada la totalidad de los compromisos industriales (empleo e inversión) derivados de la Orden de 29 de marzo de 2010, y cuando generen un volumen de inversiones superior a los 20 millones de euros.

Asegura el vicepresidente que esta ley permitirá un desarrollo ordenado de estos parques garantizando el cumplimiento de los trámites ambientales, urbanísticos y la compatibilidad con el medio rural, e impedirá aquellos parques que estén fuera del plan sectorial.