Era el 27 de octubre de 1888 y el alboroto de unos hombres rompía la tranquilidad de un pueblo de Maceda a altas horas de la noche, “cantando por las calles canciones alusivas a determinados vecinos, tocando bocinas y tirando tiros a las puertas de la casas, provocando a algunos hasta el punto de decirles que salieran a la calle y que allí los apuñalarían, cantando con desprecio los responsos que la Iglesia católica dice por sus difuntos”, según recogen los hechos probados de una sentencia que, tras la denuncia del cura, se saldó con una condena de dos meses y un día de arresto mayor.
La justicia ha generado toneladas de papel y, en la era de la digitalización, muchos legajos de sumarios y resoluciones duermen en los archivos, contando en silencio cómo era la realidad de la provincia en cada contexto.
Esa sentencia sobre un caso de desorden público en el rural del siglo XIX es una de las más antiguas del archivo propio de la Audiencia, cuyo ejemplar más viejo que se conserva es de 1884. Por su parte, el archivo judicial territorial, que ocupa varias dependencias del palacio de justicia de Concepción Arenal, bajo la coordinación de la Xunta y con la técnica Alba Pérez al frente, custodia 243.000 expedientes de los diferentes juzgados de la provincia, papeles que suman 6,017 kilómetros lineales.
Julio Prada, historiador: "A lo largo del tiempo ha cambiado enormemente la visión de los delitos, y las sentencias revelan la postura de la época sobre determinadas concepciones”
Comenzó su actividad en 2014. La documentación más antigua data de 1889 y la más reciente, de 2016. Un total de 4.321 metros lineales de documentación fueron organizados bajo criterios técnicos, con una reorganización para optimizar la conservación y el registro informático de cada expediente, para una identificación ágil y sencilla. En las estanterías y armarios se encuentra una parte de nuestra historia.
Julio Prada, profesor de Historia Contemporánea en el campus universitario de Ourense, se sirvió de las sentencias como una de las múltiples fuentes documentales con las que ha reconstruido cómo era la provincia en periodos históricos como la posguerra. Trabajó con resoluciones y sumarios desde 1996, y más recientemente en 2017 y 2018. “Hicimos estudios desde delitos de contrabando hasta relacionados con y contra la mujer, la pobreza, la marginalidad o la prostitución. Cuando utilicé por primera vez las sentencias, me interesaba profundizar en la cuestión de la violencia política en los años de la II República y comienzos del franquismo, así como en la represión económica de la dictadura”, recuerda.
El experto subraya que “a lo largo del tiempo ha cambiado enormemente la visión de los delitos, y las sentencias revelan la postura de la época sobre determinadas concepciones”. Por ejemplo, su estudio le permitió comprobar que la figura del hurto famélico, existente en varios lugares de España en la posguerra, en tiempos de escasez y racionamiento, “fue absolutamente marginal aquí. No es que no hubiera hambre, sino que incluso la gente más pobre podía disponer de un trozo de tierra donde plantar”.
Sobre la violencia política, “las sentencias permiten ver cómo determinados grupos políticos se consideran legitimados para usarla como un arma política, como uno más de los recursos como estrategia de acceso al poder. Esto estaba interiorizado en un espectro amplio, con la Falange en Ourense en los años treinta, pero también con gente vinculada al partido comunista o grupos más radicales del socialista”.
El historiador, que hace hincapié en que las conclusiones deben partir de la consulta de múltiples fuentes y sin una visión simplista, explica que otro ejemplo sobre la realidad social de la provincia, a cuyo retazo contribuye la lectura de los archivos judiciales, es que “en los años de la II República hay un porcentaje muy importante de delitos que tienen que ver con la posesión de armas de fuego y la utilización en contextos a veces políticos y otros que no lo son”.
Prada recuerda que era común que ciertas personas jóvenes “fueran con pistola a las fiestas de las parroquias”, propiciando que si había conflictos, como por un baile, la violencia pudiera estallar. “Mucha de esa violencia ritualizada estaba en la sociedad”. Las rivalidades a veces quedaban larvadas y se saldaban con violencia tras la Guerra Civil.
En el archivo propio de la Audiencia se almacenan libros de sentencias que recogen el testimonio de los procedimientos. En la custodia y el registro del periodo histórico ha sido muy relevante la labor voluntaria que, desde el principio de su carrera, ha desempeñado el funcionario Alfredo Diéguez, de 57 años, destinado en la Audiencia desde 1988, un año después de su ingreso en la carrera. “Hay que valorar cómo ha mimado, cuidado y facilitado el acceso, es un lujo”, destaca Julio Prada.
“Nadie me lo asignó, fue una iniciativa propia, por un afán de conservar. Desde el primer momento empecé a ver estos libros antiguos. Dentro de mis funciones estaba el archivo de las causas, pero hubo que rescatar asuntos que estaban abandonados, a los que le caía el agua encima”, rememora este trabajador público, que con humildad se resta importancia y destaca la tarea “científica” que lleva a cabo el archivo judicial territorial.
“Son los que hoy en día hacen la función más importante de recuperación y catalogación de asuntos en toda la provincia, recopilando y clasificando. Todo lo que es anterior al año 1963 de la Audiencia penal también lo va a catalogar el archivo judicial territorial, que tiene una función de archivo histórico de la administración de justicia”, explica Alfredo Diéguez.
La separación de la Audiencia en dos salas y, posteriormente, la especialización de la primera y la segunda en civil y penal, respectivamente, no se produjo hasta principios de este siglo. La que ahora es la civil conserva en sus dependencias los documentos más antiguos en materia penal. El primer libro de sentencias que se custodia es de 1884. Hay otros ejemplares que recogen las resoluciones de anualidades concretas, desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la II República, pero sin una continuidad completa, porque algunos no se han conservado.
Sí se guardan todos los libros anuales de las sentencias dictadas a partir de 1931. El historiador Julio Prada digitalizó varios. Fue uno de los contados expertos que han acudido a consultar esta base documental en los últimos años, como también hizo el periodista y escritor Fernando Méndez, que investigó el caso del metílico, un proceso sobre una intoxicación alimentaria registrada en 1963 en la España del franquismo, por el consumo de bebidas alcohólicas elaboradas a partir de alcohol metílico. Hubo 51 fallecidos y 9 personas ciegas, como registro oficial, pero la impresión es que el impacto real fue de miles de afectados. El empresario ourensano Rogelio Aguiar fue el principal responsable de aquel fraude. La actual Audiencia civil conserva en su archivo propio las 49 cajas con los tomos de este procedimiento.
El análisis sobre los procesos y la justicia de otros momentos históricos “no puede estar contaminada por la visión que tengamos hoy del Derecho. Es evidente que en una concepción democrática del mismo, no son iguales ni la fundamentación ni las garantías"
La panorámica que permite la consulta de casos judiciales de distintas épocas refleja similitudes pero también diferencias como por ejemplo en la extensión y la motivación de las sentencias. En 1949, una tentativa de violación se saldó en carilla y media, con una condena de 2 años y 4 meses. En los albores de la democracia, en 1977, un abandono de familia de una mujer tras la incorporación del varón al servicio militar se resolvió también de forma breve, en dos folios. Aquel año, la Audiencia de Ourense dictó 99 fallos.
El análisis sobre los procesos y la justicia de otros momentos históricos “no puede estar contaminada por la visión que tengamos hoy del Derecho. Es evidente que en una concepción democrática del mismo, no son iguales ni la fundamentación ni las garantías judiciales en 1900, en 1937 o en la actualidad”, puntualiza Prada.
Expedientes que acaban en el Archivo Provincial y otros que se destruyen
Tal y como explica la técnica de Ourense Alba Pérez, los archivos judiciales territoriales, creados por la Xunta en 2009, ordenan y almacenan la documentación judicial de su ámbito hasta que la Junta de Expurgo resuelve, o bien su destrucción física, o su conservación permanente, con la transferencia a la administración competente en patrimonio histórico.
Según datos facilitados por la experta, desde 2014 hasta la actualidad el proceso de expurgo en la provincia supuso la eliminación de 689 unidades de instalación –un total de 27.922 expedientes– procedentes de seis órganos judiciales.
También se retiraron otras 420 unidades con expedientes considerados de interés cultural e histórico, que serán transferidos al Archivo Histórico Provincial de Ourense para su conservación permanente.
Un ejemplo de esto último es lo que sucedió con un juicio especial de foros en O Carballiño –una reclamación de renta foral dirigida al Tribunal Especial de Foros–, integrado por documentación del siglo XV al XVIII, desde 1427, con un original en papel y copia en pergamino. Se encontraba en el depósito del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la localidad.
