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El retraso de dos periciales alarga el caso del jaqueo a la Diputación y el desvío de ayudas

El juez envía un recordatorio a la Policía para que informe sobre los datos de los dispositivos informáticos incautados al único investigado | Una empresa mide el ataque a los servidores

La sede de la Diputación de Ourense. // FERNANDO CASANOVA

La necesidad de disponer de informes de expertos tanto del sector público como privado para determinar la existencia o alcance de un delito es la causa, en muchas ocasiones, de la demora de las instrucciones judiciales en asuntos con una cierta complejidad técnica. Esos dictámenes periciales suelen tardar un mínimo de meses e incluso pueden demorarse más allá de un año, según la carga de trabajo y la lista de espera del organismo al que el juzgado requiere la información de apoyo. En las diligencias penales por el ataque informático que incluyó un desvío de ayudas públicas de la Diputación de Ourense –la administración provincial fue la perjudicada–, la instrucción se alarga porque sigue la espera por el retraso de dos informes solicitados hace varios meses. Esta semana, el magistrado de Instrucción 1 de la ciudad, Leonardo Álvarez, ha enviado un recordatorio a la Policía y a una empresa de informática para requerir que a la mayor brevedad contesten a la solicitud de información.

Por una parte, la Policía Nacional debe presentar un atestado sobre el contenido de los dispositivos informáticos que fueron incautados al único investigado, el empresario J. L. C. B., quien fue detenido en noviembre de 2019 en Las Palmas. Por otra parte, una empresa ha sido requerida para que determine el alcance del ataque a los servidores de la administración provincial, que llegó a tener la página web inactiva un tiempo. En verano de 2020, la Diputación de Ourense contrató un nuevo sistema para evitar más vulneraciones.

La instrucción lleva año y medio abierta desde la detección y esclarecimiento del jaqueo que desvió fondos de ayudas públicas de la Diputación. El rastro del dinero llevó a la justicia a actuar en varios países de Europa. El ataque logró desviar un millón de euros, aunque la gran mayoría del dinero público –más de 800.000 euros– pudo ser recuperado mediante el bloqueo de una cuenta en Alemania, adonde había sido transferido de forma fraudulenta el 26 de septiembre de 2019.

No se recuperó todo el dinero

Tras ese primero intento fallido, que no trascendió, el ataque informático se repitió e intensificó a principios del mes de noviembre de 2019. El día 4 se desvió la transferencia de una subvención por importe de 89.999,8 euros. Al día siguiente se apropiaron de otra por un total de 80.000 euros. El dinero no llegó a dos asociaciones profesionales de la provincia beneficiarias de las ayudas de la administración provincial. Del total de este montante desviado –unos 170.000 euros–, la investigación pudo recuperar en torno a 70.000.

El dinero que fue inicialmente remitido a una cuenta de un banco español empezó a circular y a disgregarse en quince operaciones ramificadas, hasta llegar incluso a Estonia. El único investigado, representante en Europa del fondo de inversiones HMK Holding, retiró presuntamente 16.100 euros en efectivo en tres ocasiones: constan dos el 4 de noviembre de 2019 –550 euros cada una–, así como 15.000 el día 5 de ese mes.

Descontada una de esas detracciones de efectivo de medio millar de euros, la ayuda pública de 89.999,8 se remitió a una segunda entidad bancaria y, de ahí, en todos los casos el 5 de noviembre excepto en uno que fue el día 7, a la cuenta de Estonia –30.000 euros–, a otro asiento de la misma entidad –2.500 euros–, a la mayor retirada de efectivo por parte del detenido –una cantidad de 15.000–, a una asesoría empresarial del investigado –2.500 euros–, a una transferencia a sí mismo –3.000–, así como a dos envíos más a otra entidad bancaria, por importe de 3.600 y 30.120 euros (esta es la única operación del día 7).

Un perjuicio económico y la caída de los servidores y la web

La subvención de 80.000 euros también se disgregó en varias operaciones, aunque menos, tras la apropiación después del jaqueo. Otros 550 euros fueron retirados en efectivo por el detenido, un total de 56.140,6 fueron remitidos a otra entidad el 7 de noviembre –el banco retrocedió el dinero después del bloqueo de la cuenta–, y otros 23.401,96 euros, desviados el 6 de noviembre, fueron recuperados mediante el recobro automático de la entidad.

Además de un perjuicio económico, el ciberataque afectó a los servidores de la Diputación, que tuvo inoperativa su web durante varios días. En una circular enviada a los trabajadores, el delegado de protección de datos aconsejaba incluso comprobar los movimientos bancarios puesto que el jáquer tuvo acceso al fichero de las nóminas, donde figuran datos sensibles como nombre, apellidos, NIF o el IBAN bancario.

Al trascender los hechos, el presidente provincial, Manuel Baltar, expresó su “absoluta tranquilidad” ante la respuesta policial y también de la propia administración tras el jaqueo. “El mecanismo de respuesta fue contundente. Ninguna preocupación”.

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