Jubilado y responsable del colectivo de pensionistas y jubilados de la CIG, Fernando Varela era ayer uno de los participantes en la manifestación celebrada ante las oficinas del INSS en Ourense, para reclamar “unas pensiones dignas y un sistema publico gallego de atención a las personas” señala, que garantice una atención de calidad que, que a su criterio quedó en entredicho durante la pandemia, donde muchos centros de mayores fueron el epicentro de contagios y de fallecimientos por COVID.
Es una lucha que mantienen cada jueves, afirma Varela y que tiene “más sentido, si cabe en Ourense, que en ningún sitio”, pues es la provincia más envejecida de España, con más de 93.000 jubilados y pensionistas, es decir casi uno de cada tres vecinos, y en la que además las pensión media, de en torno a 850 euros, es la segunda más baja de España, después de Extremadura.
“Mantenemos estas reivindicaciones semanales desde el colectivo, porque creemos que esta situación económica no puede seguir arrastrando de nuevo las peores consecuencias para la clase trabajadora de la provincia”.
"Algunos no cobran ni 700 euros"
Si bien la pensión media actual supone ya una merma del poder adquisitivo para la mayoría de los pensionistas, “las hay aún más bajas, y las más afectadas son las mujeres, pues algunas no llegan ni a los 700 euros”, afirma Fernando Varela.
Por eso la primera reivindicación que mantiene este colectivo de pensionistas y jubilados de la CIG, es que como mal menor y solo en un primer paso, para frenar la precariedad que afecta a los prejubilados de la provincia “se equipare la pensión más baja al salario mínimo interprofesional, lo que supondría algo más de 900 euros, o los 1.108 mensuales sin son doce pagas”, indica el portavoz de los pensionistas y jubilados de la CIG
Recogida de firmas
También en este contexto de crisis económica, demográfica y con la dispersión poblacional que afecta al modelo geográfico y sociopolítico gallego, una dispersión más acentuada todavía en Ourense, están haciendo una recogida de firmas para presentar ante el Parlamento de Galicia, una iniciativa legislativa popular para que se cree “una red pública gallega de atención a las personas, que aglutine residencias de mayores, centros de día, ayuda en el hogar y todo lo que tenga que ver con la atención a mayores y dependientes”.
