La Fiscalía reconoce la existencia de una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del proceso y la acusada, una abogada, se conformó con una condena de 6 meses y 1 día de inhabilitación profesional –inicialmente, se enfrentaba a 2 años de suspensión– y una multa de 900 euros por delito de deslealtad profesional.

La acusada fue designada letrada de oficio de una mujer en 2008, para un caso de liquidación de la sociedad de gananciales. Desde su designación y hasta julio de 2016 no hizo trámite alguno, daba pretextos a la clienta sobre el retraso de la causa y llegó a requerir que ingresase 637 euros para la liquidación de la sociedad. Además de sufrir la espera, la perjudicada se vio obligada a contratar a un letrado.