Desde principios de marzo, las llamadas desde Ourense y Lugo al 091, la central de avisos a la Policía Nacional, se atienden desde la Jefatura Superior, en A Coruña. Eso conlleva que, en ocasiones, el operador no conozca la toponimia o direcciones de la ciudad y ralentice la interpretación, y por tanto el tiempo de respuesta, de los agentes que patrullan. Las federaciones vecinales de las dos provincias y el sindicato SUP advirtieron del deterioro del servicio y del posible impacto en la seguridad ciudadana de esta medida de centralización. Fuentes policiales indicaron incluso que hay llamadas que no son atendidas. En su rol de oposición al Gobierno, el PP aprobó ayer en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para reclamar al Ejecutivo que revoque la medida y mantenga las salas del 091 en Ourense y Lugo, así como un aumento de los efectivos y medios de ambas comisarías. “Esta decisión se toma únicamente en base a criterios económicos y supone un nuevo agravio del Gobierno de España a Galicia”, manifestó la diputada popular Noelia Vázquez.