La vida con la libertad restringida es una vida confinada. La pandemia ha incrementado la reclusión. Permisos de salida, visitas íntimas y de familiares e incluso las llamadas se vieron afectadas, en distinto grado y con parones y reanudación, a lo largo de este año de pandemia. El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en el que residen 306 internos en la actualidad, reanuda hoy los vis a vis, las comunicaciones íntimas o de parientes interrumpidas desde el pasado mes de octubre, cuando Ourense se adentraba en la segunda ola.
Hasta el momento, según refleja Instituciones Penitenciarias en su seguimiento diario de los centros, solo se permitían las comunicaciones orales. “La fatiga pandémica que sentimos todos, en prisión se multiplica porque el contacto y posibilidades son inferiores”, dice Marta Soto, una de las abogadas de la Caxpou, la comisión de asesoramiento jurídico y penitenciario del Colexio da Avogacía de Ourense.
En 2020, en el año marcado por el COVID, este órgano atendió un total de 1.362 consultas –1.258 de hombres–, solo seis menos que en el ejercicio anterior. Se generaron 571 trabajos, entre escritos, recursos y otras labores, como averiguar qué abogado representaba a un recluso en una causa, o los contactos y gestiones con él. El número de consultas asumidas por la Caxpou supuso el 84,8% de las 1.606 solicitadas (un dato superior al de 2019, 1.580).
El servicio es gratuito y se presta cada semana en Pereiro, los viernes por la mañana. Trece profesionales de la abogacía integran la Caxpou, incluida la decana, Pilar López-Guerrero. Durante este año de coronavirus, la comisión no pudo intervenir únicamente en tres ocasiones, los viernes 13 de marzo de 2020 –el día antes de la declaración del estado de alarma–, 20 y 27 de ese mismo mes. El servicio se retomó con asistencia telefónica, desde el 1 de abril hasta el 22 de mayo. El 28 se reanudó la labor presencial de asesoramiento, si bien en las primeras semanas no era posible aún el intercambio de documentación.
“En todas las prisiones, y en Pereiro también, se ha hecho un esfuerzo por excarcelar y por las progresiones a tercer grado, con un resultado positivo”, indica Marta Soto. “Otra política penitenciaria, que no pase solo por los ingresos, es posible"
“Dentro de las dificultades y de que todos nos vimos desbordados, el director de Pereiro ha sido muy comprensivo. Han gestionado bien una situación de riesgo y también contribuyeron a nuestro funcionamiento. Se esforzaron por ejemplo en que las llamadas telefónicas fueran gratuitas a familiares y abogados”, conceden desde la comisión con ese ejemplo del inicio de la crisis. “En todas las prisiones, y en Pereiro también, se ha hecho un esfuerzo por excarcelar y por las progresiones a tercer grado, con un resultado positivo”, indica Marta Soto. “Para nosotros es bueno porque quiere decir que otra política penitenciaria, que no pase solo por los ingresos, es posible. Es patente que a lo mejor los tiempos que se han utilizado se podrían acortar”.
“También hubo casos en los que nos transmitían sus preocupaciones de salud, como las tardanzas en consultas externas en el médico, porque el impacto en la sanidad penitenciaria también se notó”
Tras la irrupción de la pandemia hace un año, “las principales inquietudes que tenían era saber qué pasaría con su juicio, porque se habían suspendido los plazos, y también qué sucedería con los permisos”, introduce Gabriela Prol, otra de las letradas que conforman la Caxpou. “Teníamos inquietud nosotros, así que imagínate ellos. Se interesaban por sus procedimientos penales y también por asuntos civiles que pudieran tener, como invalideces o divorcios. Muchos estaban pendientes de una progresión a tercer grado y se generó incertidumbre” con la suspensión de plazos de la primera ola, enlaza Soto.
Ese contexto explica que el número de trabajos fuera inferior al de 2019 –713–, “porque se habían paralizado los trámites y no se movía nada en la administración penitenciaria, con lo que no había que recurrir permisos o progresiones en grado”. Además, “también hubo casos en los que nos transmitían sus preocupaciones de salud, como las tardanzas en consultas externas en el médico, porque el impacto en la sanidad penitenciaria también se notó”.
“Cuando se hacían consultas por teléfono, muchos nos preguntaban por la opción del tercer grado, porque en prisión hay grupos de riesgo y algunos con enfermedades respiratorias”
En esa fase inicial, los reclusos también confesaban sus temores a poder contagiarse en el centro. Aún actualmente, los que ingresan en prisión, acuden al médico en el exterior, salen de permiso o son trasladados al juzgado deben cumplir diez días de cuarentena. Hay un límite de espacio para poder autorizar un número elevado de permisos que hagan posible, al regreso de los internos, organizar estos aislamientos sanitarios. Aquellos que mantengan comunicaciones vis a vis desde hoy también deberán guardar la cuarentena.
La Caxpou considera importante que la vacunación, que ya ha llegado al personal de los centros penitenciarios al tratarse de uno de los colectivos esenciales, cubra también a todos los internos, más allá de su franja de edad. “Es población que vive encerrada y sería conveniente que los vacunaran a todos”.
En un año de pandemia, en especial en el incierto principio, “vieron restringidos sus derechos y se paralizaron al comienzo prácticamente todas las actividades”, recuerda Gabriela Prol, lo que supuso un parón incluso de los tratamientos y, en consecuencia, en la posible progresión del interno en su condena. “Cuando se hacían consultas por teléfono, muchos nos preguntaban por la opción del tercer grado, porque en prisión hay grupos de riesgo y algunos con enfermedades respiratorias”, recuerda la letrada.
Los plazos judiciales quedaron suspendidos entre el 13 de marzo y 4 de junio. Los efectos aún se perciben en la especialidad de vigilancia penitenciaria, que tutela un juzgado de Lugo en el caso de los reclusos de Ourense. “Hay retraso todavía. Algunos presos tienen permisos sin resolver desde el verano, con el recurso pendiente. Incluso existe atasco para algunas autorizaciones, cuando Pereiro concede pero Lugo debe dar el visto bueno. El juzgado siempre ha estado bastante sobrecargado y la situación de la suspensión de plazos ha afectado más”, concreta Marta Soto.
“Creo que esta labor es más necesaria si cabe que antes, y también que los abogados deben ir más a prisión y hablar más con los internos. Si todos demandamos información hoy en día, ellos todavía más. Están incluso más aislados"
La Caxpou opera desde los años noventa y sus integrantes son voluntarios que aportan su tiempo para preservar los derechos de los reclusos, de forma desinteresada. “Creo que esta labor es más necesaria si cabe que antes, y también que los abogados de los procedimientos deben ir más a prisión y hablar más con los internos. Si todos demandamos información hoy en día, ellos todavía más. Están incluso más aislados. A veces lo que hacemos como comisión es tranquilizarlos”, subraya Soto.
Prol también comparte la necesidad de la asistencia presencial. “Cuando trabajas de abogada, se genera una confianza con el cliente y es necesario un tú a tú; por teléfono no se explican igual las cosas”, además de que los presos pueden ver físicamente los documentos de sus procedimientos. “¿Hasta qué punto se enteran y son conscientes de qué pasa en una sala por videoconferencia? Nos parece peligroso que se tienda a eso, tanto en juicios como en declaraciones de detenidos desde comisaría, y se normalice. Puede dar lugar a indefensiones”, opina Soto. “En un juicio buscas la mirada con el cliente y en la videoconferencia falta el contacto”, enlaza Prol.
