El 22 de febrero, la Audiencia Provincial de Ourense absolvió a los cuatro policías y nueve presuntos traficantes juzgados en la operación Zamburiña de Asuntos Internos, iniciada a partir de un anónimo remitido desde comisaría en 2014. Cuando, aún en fase de juicio, la sala comunicó que anulaba la prueba clave de las escuchas por la vulneración de los derechos fundamentales, al basarse en una investigación policial insuficiente y con “conjeturas”, la abogada del inspector Antonio R. F., exjefe antidroga de la comisaría de Ourense, anunció que pediría, nada más ser absuelto, su regreso al cuerpo. El agente presentó su solicitud el lunes 1 de marzo.
Cuando fue detenido, en noviembre de 2015, era el responsable del grupo antidroga de la Policía Nacional en Ourense. Su intención es regresar al mismo puesto, aunque la unidad está a cargo de otro inspector desde la remodelación a la que obligó la Zamburiña. La Dirección General de la Policía debe decidir si admite el reingreso de Antonio ya, puesto que la sentencia no es firme y la Fiscalía ya ha anunciado su recurso, argumentando razones de “arbitrariedad” del tribunal, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o “quebrantamiento de forma”. El inspector lleva 5 años y medio suspendido. En una academia forma a aspirantes a la Policía Nacional, así como a la Guardia Civil y la Policía Local.
Antonio R. F. ha estado percibiendo durante todos estos años menos de la mitad de su salario público debido a la suspensión. Por lo tanto, se abre una vía a una reclamación económica si la absolución de la Zamburiña es confirmada por el Supremo.
