Con la Zamburiña resuelta en primera instancia con absolución, y con el anuncio de recurso de la Fiscalía, lo que demorará incluso años la solución definitiva de esa causa sobre la comisaría, las otras dos principales acerca de la Policía Nacional de Ourense siguen en la fase de instrucción, con el tiempo transcurriendo. A las cuestiones de fondo, a las diligencias pendientes –comisiones rogatorias a Estados Unidos, entre otros informes, en la causa sobre la muerte de un policía, y un informe ampliatorio sobre geolocalizaciones en la relativa a la desaparición de las armas– se le suman también aspectos procesales. La próxima semana, la Audiencia Provincial celebra una nueva vista, la segunda en un año, para resolver si estos dos procedimientos deben unificarse en el que tramita la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, para esclarecer si fue un asesinato o un suicidio la muerte del agente Celso B. A., en abril de 2016, a causa de un disparo en la cabeza con una de las pistolas sustraídas (tres aparecieron en ese despacho).
En febrero de 2020, la Audiencia Provincial descartó la acumulación y mantuvo la tramitación independiente de ambos asuntos, en los que permanecen investigados los inspectores gemelos Roy y Bernardo D. L., que niegan implicación en cualquiera de los sucesos. La magistrada Eva Armesto, que los acusa de matar presuntamente a su compañero para encubrir su participación en el robo de armas y los anónimos a la prensa y Asuntos Internos, solicitó la acumulación de ambas causas al apreciar una conexidad. El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, rechazó la petición de inhibición e instó a la jueza a que planteara una cuestión de competencia en la Audiencia. Es lo que hizo la magistrada Armesto.
La sala, en febrero de 2020, mantuvo ambas causas separadas, como querían la defensa de los gemelos y la Fiscalía. En cambio, la acusación particular en Instrucción 3, que representa a la familia del agente fallecido, apoya a la jueza en la unificación. El estudio de la acumulación se repite porque, hace un año, no se tuvo en cuenta la opinión del exjefe policial antidroga, Antonio R. F., recién absuelto en la operación Zamburiña. Planteó una cuestión de nulidad que ha prosperado, obligando a repetir la vista con la presencia también de él, que ejerce la acusación particular en la causa de las armas, en Instrucción 1, y la acción popular en la de la muerte del policía, en el número 3.
La Audiencia Provincial también tendrá la última palabra sobre qué juzgado será el competente en dar trámite a las querellas de Antonio R. F. contra la unidad de Asuntos Internos –acusa de varios presuntos delitos al inspector responsable del grupo VI– y también contra los policías gemelos, a quienes acusa de acceder presuntamente a bases de datos para incriminarlo en falso y dar base a los anónimos. Entre aspectos de fondo y cuestiones procesales, el lío de causas sobre la comisaría sigue sin desmadejarse.
