El inspector Antonio R. F. era el jefe del grupo antidroga de la Policía Nacional de Ourense cuando Asuntos Internos desarticuló a la unidad en noviembre de 2015. Antonio y el agente acusado Felipe M. A. fueron detenidos. Mercedes C. G. y José Antonio R. F. tuvieron la categoría de investigados. Desde su imputación en esta causa, Antonio R. F. permanece suspendido y está apartado de la Policía Nacional. En una academia forma a aspirantes al cuerpo, así como a la Guardia Civil y la Policía Local. Si el juicio de la ‘Zamburiña’ finaliza con una absolución, una vez anuladas las escuchas, las incautaciones de droga a los presuntos traficantes y las autoinculpaciones de algunos acusados, Antonio R. F. podrá solicitar el reingreso al servicio.
Su abogada, Beatriz Seijo, ya avanza ese objetivo. “Lo primero que comentó” el agente tras conocerse este lunes la decisión de la Audiencia es la intención de regresar al cuerpo. “Él lo está deseando a nivel personal y familiar. Si se consuma la sentencia absolutoria, el inspector instaría un procedimiento administrativo para solicitar su reincorporación. “Creo que conservaría su puesto, y en principio debería reingresar a su puesto de trabajo anterior”, opina la letrada, sin perjuicio de la decisión que adopte la institución sobre si la reincorporación es procedente y sobre qué destino sería el adecuado, pues el grupo de estupefacientes cuenta con otro jefe tras el cambio forzoso de la ‘Zamburiña’.
La defensa expone que Antonio R. F. ha sufrido “daño” en su carrera por la posibilidad de ver frustrados ascensos así como por las “pérdidas económicas” al ser suspendido y dejar de cobrar íntegramente su salario de inspector. Una hipotética reclamación contra la administración de justicia por un anormal funcionamiento ya no está tan claro, porque habría que acreditar una mala actuación en busca de un perjuicio para el policía, admite Seijo.
La defensa del exjefe antidroga cree que si la Audiencia Provincial se hubiera pronunciado ya en instrucción sobre la nulidad de las escuchas y las pruebas derivadas –en cambio, las dio por válidas, así como la investigación de Asuntos Internos a partir del anónimo–, “nos habríamos ahorrado tantos años de tramitación y de sufrimiento. Aunque en muchas ocasiones el análisis profundo de un auto se pospone al momento de la celebración del juicio”.
Antonio R. F. es acusación popular contra los agentes gemelos Roy y Bernardo D. L. en la causa por la muerte de su compañero Celso B.A., en comisaría en abril de 2016, con una de las seis armas robadas en el búnker, hechos de agosto de 2014 por los que también siguen investigados los hermanos. Antonio también se ha querellado contra ellos, porque los culpa de ser los autores de las consultas con su clave a bases de datos, para fabricar presuntamente pruebas falsas con las que dar verosimilitud al anónimo que señalaba a Antonio y otros de supuesta corrupción policial. Esa tesis sostiene también la UDEV.
El exjefe antidroga presentó otra querella contra el jefe de grupo VI de Asuntos Internos, que ayer era el testigo clave. Él y nueve compañeros más de la unidad secreta acudieron para nada, tras la decisión de la Audiencia sobre la nulidad. La abogada del exjefe antidroga considera que la exclusión de la prueba fundamental de la ‘Zamburiña’ no provocará un “efecto rebote” en las otras dos causas sobre la comisaría y solo ve una afectación “indirecta”. En cambio, Seijo subraya que sí tiene importancia para la tramitación de su denuncia contra Asuntos Internos. “Vamos despejando un poco el camino para dar la vuelta a la tostada; ahora nos toca a nosotros”.
El SUP: “Defendimos que eran inocentes y se hace justicia”
Roberto González es el secretario general en Galicia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), vocal en el Consejo de Policía y agente destinado en la comisaría provincial de Ourense. Ha seguido todas las sesiones del juicio de la ‘Zamburiña’ y ha expresado su confianza en la inocencia de los 4 agentes acusados, así como su crítica a la actuación en este caso de la Unidad de Asuntos Internos. “Desde el primer momento”, el SUP prestó su apoyo a los policías de la unidad antidroga. El sindicato ejerce la defensa de uno de los cuatro encausados, José Antonio R. F., el único en servicio activo, y el que se enfrenta a la petición de pena más baja por parte de la Fiscalía.
Daño a la “imagen policial”
“Estamos muy satisfechos con la decisión del tribunal”, manifestó Roberto González a los periodistas. “La imagen de la institución policial se ha dañado mucho”, lamentó. Sobre los cuatro agentes acusados, el líder del SUP en Galicia subrayó que “defendimos que eran inocentes y se ha hecho justicia. Está claro que las personas que se tenían que sentar en el banquillo son otras, no estos cuatro compañeros. Ahora ven la luz al final del túnel; Antonio podrá reincorporarse al servicio y José Antonio se quita un peso de encima”, valora González.
