Más allá de la primera evaluación de posibles cuestiones de nulidad que la Audiencia Provincial de Ourense lleva a cabo desde ayer, el macrojuicio de la operación ‘Zamburiña’ entra en su fase más larga: dos semanas y media –si se mantiene el calendario previsto en un inicio– para el interrogatorio en calidad de testigos de 109 personas. De ellas, están identificadas como agentes la gran mayoría, con una abundante presencia en este proceso de policías de la comisaría de Ourense: los 4 encausados por una presunta protección a traficantes, pero también muchos otros de la sede que testificarán, incluidos dos excomisarios y los agentes gemelos, quienes son investigados en las otras dos causas sobre la Policía Nacional de Ourense: el robo de seis armas en el búnker, en agosto de 2014, y la muerte de un agente en comisaría, en abril de 2016, de un disparo con una de las pistolas que fueron sustraídas.

El peso en las testificales de los integrantes de Asuntos Internos es notoria. Entre el 25 de enero y el 4 de febrero intervendrán un total de 30 funcionarios de esta unidad secreta, que fue la policía judicial de la instrucción. También están llamados como testigos 52 agentes más. El lunes, el inspector responsable del grupo VI será el primero en declarar en el juicio en calidad de testigo. Estará físicamente en la Audiencia Provincial. Su interrogatorio se prevé largo y clave.

Desde el lado de las defensas, porque las de los policías acusados cuestionan incluso la legalidad de su intervención –el exjefe antidroga se ha querellado contra él por varios presuntos delitos–, y porque todos los letrados sostienen que las escuchas deben ser apartadas como prueba y también su resultado: las incautaciones y las inculpaciones. Desde la Fiscalía, el interrogatorio busca acreditar que la instrucción se llevó a cabo conforme a derecho y que el auto inicial de intervención de teléfonos –5 de marzo de 2015– se basó en un oficio con una actividad investigadora previa –sobre esa sospecha de presunta colaboración de policías con traficantes– que incluía seguimientos, aportación de atestados sospechosos o la auditoría de consultas en bases de datos.

Los letrados consideran que el caso partió de una “prueba ilícita”, el anónimo de noviembre de 2014 que llegó a Asuntos Internos denunciando una supuesta corrupción que incluía la sustracción de armas, hechos que serían desvinculados meses más tarde, y que aún se esclarecen en fase de instrucción. Las defensas cuestionan que el contenido íntegro de la nota no fue aportada a la causa en un principio y que no se identificó al informante, que decía ser un policía. “Al juez se le engañó”, dijeron varios abogados. El magistrado “hizo un acto de fe”, comentó uno de los letrados.

“Asuntos Internos no persigue al autor, no investiga y prepara un colchón de presuntos indicios. Estas diligencias nacen del delito. Una prueba ilícita es la fuente de esta investigación”, dijo la abogada de Antonio R. F., el exjefe antidroga de la policía ourensana. “Si la unidad ha estado encubriendo” a los gemelos “como autores del anónimo es gravísimo, e invalida totalmente su figura no solo como testigo, sino que estaríamos pivotando la causa sobre un delincuente, y la justicia no puede permitirse eso”, expresó la letrada de Antonio con dureza. “No se puede celebrar el juicio sin dilucidar si hubo confabulación, sabiendo que se pudo proteger a los autores del anónimo, conociendo que el contenido era falso”.

Vistos los términos, se prevé duro su interrogatorio el lunes al jefe del grupo VI de Asuntos Internos, tras el que intervendrán 9 funcionarios más. Entre el martes 26 de enero y el 4 de febrero, están citados como testigos otros 20 miembros de la UAI, cuya labor respalda la fiscal. “Hizo una investigación amplia que procedió a comprobar la veracidad de la nota, intentando comprobar el contenido sobre una serie de conductas delictivas en la comisaría. No se le dio credibilidad sin más”, manifestó Pilar Manso.

Además de los 30 agentes de la UAI –en las detenciones y registros, en noviembre de 2015, llegaron numerosos efectivos de la unidad– serán testigos 52 agentes más. Fundamentalmente, de la policía –y de estos, de la comisaría sobre todo–, pero también un capitán y un teniente coronel de la Guardia Civil. Las declaraciones de agentes se extienden hasta el 9 de febrero. Acudirán dos excomisarios y jefes con responsabilidad en la época de la ‘Zamburiña’ y otros episodios de la crisis policial. También comparecerán como testigos, en días distintos de febrero, los agentes gemelos, a quienes el exjefe antidroga acusa de armar una especie de venganza –uno de ellos fue el jefe de estupefacientes anterior–, fabricando supuestas pruebas falsas –les atribuye el robo de armas y consultas con sus claves en las bases datos– para hacer verosímil lo que se manifestaba en el anónimo.