El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, acudió ayer a Ourense para conocer las demandas de los magistrados de la Audiencia Provincial y de los órganos unipersonales de la localidad, con una tanda de reuniones que comenzó por estos últimos. En las reuniones se abordó la delicada situación del juzgado de familia, el de Primera Instancia 6 de la ciudad. Era el más saturado de toda Galicia en cualquier jurisdicción –al margen de los de cláusulas suelo– según las últimas estadísticas disponibles (aún no se han publicado las del cuarto trimestre de 2020). Para hacer frente a su carga de trabajo, por encima del 100%, algunas posibles salidas son especializar un juzgado más de Primera Instancia, como podría ser el 7, o crear una oficina específica para el control de las tutelas y del seguimiento de los internamientos, lo que supone una gran carga de trabajo en la provincia con mayor número de plazas residenciales y personas en geriátricos en Galicia.
Díaz-Castroverde abogó por buscar “fórmulas eficaces y consensuadas para tratar de poner remedio a esta situación”. El presidente del TSXG aseguró a los periodistas que, en las próximas semanas, la Sala de Gobierno del alto tribunal de Galicia adoptará alguna de las medidas propuestas para que se pueda implementar “en breve”.
El magistrado decano de Ourense, Leonardo Álvarez, señala que dicha oficina para el control de las tutelas e internamientos contaría con al menos dos funcionarios y un letrado de la administración de justicia (LAJ), por lo que sería preciso la aprobación por parte de la Xunta y el Ministerio de Justicia.
Hace unos meses, el TSXG había decidido librar a familia de tramitar los internamientos e incapacidades, asignando esta tarea entre el resto de juzgados civiles de la capital. Pero el recurso de dos magistradas de Primera Instancia fue estimado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revocó la medida “por el procedimiento que se había seguido”, activa solo unas semanas. El Consejo planteó en un informe esas soluciones alternativas que adoptará el TSXG. “Esperamos que sea certera”, manifestó ayer Díaz-Castroverde.
La peor situación, en civil
En todo caso y más allá de esta situación problemática, destacó la buena marcha en general de los juzgados de Ourense y agradeció el trabajo realizado por los magistrados en el difícil año de la pandemia. Todas las jurisdicciones muestran un buen ritmo de trabajo y, salvo la jurisdicción civil, carecen de problemáticas relevantes. Debido a la pandemia de COVID, los miembros de la carrera judicial de los órganos unipersonales se dividieron en tres grupos y el presidente mantuvo encuentros con cada uno de ellos, acompañado por el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, que también es miembro de la Sala de Gobierno del TSXG.
Queja sobre expediente digital
Tras los encuentros con los magistrados de los juzgados locales, Castroverde se desplazó al palacio de justicia, sede de la Audiencia, donde trató con los magistrados la situación en la que se encuentra la sección civil. “Tenemos una comisión de servicio aprobada como refuerzo y hemos pedido la renovación. Por lo menos hasta el 30 de junio se va a mantener”, señaló, a preguntas de la prensa. Los magistrados también le mostraron al presidente sus quejas sobre el funcionamiento del expediente judicial electrónico. Por otra parte, el juez decano planteó la necesidad de que se digitalicen todas las salas de vistas, contando por ejemplo con un sistema de videoconferencia.
Respecto a la incidencia de la pandemia en los juzgados, Castroverde manifestó que se han “recuperado bastante bien” de los casi cuatro meses en los que la actividad estuvo casi paralizada, excepto en los asuntos esenciales, debido a la suspensión de los plazos procesales. El presidente del TSXG destacó que la Sala de Gobierno aprobó un protocolo de reordenación de señalamientos y, posteriormente, lo modificó para establecer mejoras que permitiesen garantizar en los juzgados las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias contra el COVID. “Tenemos dos objetivos: que nadie se contagie en un juzgado y seguir con nuestra actividad de una manera lo más puntual posible para que no haya perjuicios para nadie; así se está consiguiendo”, dijo.
