Después de tres intensas sesiones con un intercambio de pareceres sobre la legalidad de la instrucción de la operación ‘Zamburiña’ y la posible vulneración de derechos fundamentales que esgrimen las defensas pero que la fiscal niega, la sala de tres magistrados hace un parón en el desarrollo de la vista para estudiar los argumentos y resolver si existen causas de nulidad que puedan justificar, por ejemplo, la exclusión de alguna prueba de esta vista que esclarece la primera de las tres causas sobre la Policía Nacional de Ourense.

La magistrada ponente y presidenta de este tribunal, Ana del Carmen Blanco, comunicó ayer a los abogados la suspensión del juicio hasta el lunes para poder analizar las cuestiones previas, cuya “complejidad” puso por delante. “Hace falta un estudio, una valoración antes de seguir”, dijo. El día 25, “cinco minutos antes” según la jueza, el tribunal expondrá “lo básico” de su criterio a las partes, sin perjuicio de que redacten un auto y las evalúen al detalle, posteriormente, en la sentencia. Esta decisión implica un cambio en el calendario. El interrogatorio de los 13 acusados se deja para el final –tal y como preferían los abogados–, tras la intervención de los 109 testigos y de los 26 peritos convocados. La vista se retoma el lunes con el turno de los primeros. Abre la testifical –y su intervención se prevé larga y exigida– el inspector responsable del grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Tras él serán llamados a la sala otros nueve funcionarios de su equipo.

Pilar Manso, la fiscal de Ourense que lleva 5 años investigando todas las causas sobre la comisaría, dio réplica ayer a los argumentos con el que las defensas de los 4 policías y 9 presuntos traficantes buscan una nulidad de actuaciones en algunas pruebas –fundamentalmente, en las escuchas telefónicas– con la que evitar una posible condena.

Defensa de la actuación de Asuntos Internos

La fiscal defiende la actuación de Asuntos Internos, descartando que fuera arbitraria o desproporcionada. También avala el modo en que se condujo la instrucción, recordando que varias de las cuestiones en controversia fueron corroboradas, en la fase de instrucción, con autos de la Audiencia Provincial que daban la razón al criterio del juez. “No se ha producido ninguna actuación que implique nulidad; no se ha vulnerado derecho alguno que produzca una indefensión”, expuso la experimentada fiscal. Manso señala que la reapertura de las diligencias sobre el robo de armas, el germen de la ‘Zamburiña’ antes de la separación en dos causas distintas que se produjo año y medio después, estaba justificada por un oficio de la unidad secreta que analizaba el anónimo de noviembre de 2014, escrito que las defensas consideran una prueba ilícita.

La fiscal subraya que “no es cierto que la reapertura se hiciera por el anónimo, sino que se refiere a nuevas diligencias y actuaciones tras una investigación amplia que procedió a comprobar la veracidad de la nota, intentando comprobar el contenido sobre una serie de conductas delictivas en la comisaría de Ourense. No se le dio credibilidad sin más”. A este respecto, recordó este miércoles que la Unidad de Asuntos Internos hizo hasta 34 vigilancias, aportó atestados presuntamente irregulares de los agentes y también una auditoría de consultas a bases de datos con las que, según la Fiscalía, los policías accedieron a información reservada para facilitársela a los confidentes. En contra, sobre este punto las defensas aseguran que terceros –según su versión, el autor o autores del anónimo– suplantaron a los investigados con sus claves, para crear rastros con los que dar verosimilitud al anónimo.

El primer robo de armas “se tapó” en la comisaría

La Fiscalía de Ourense respalda la labor de la Unidad de Asuntos Internos en esa poco habitual ‘guerra’ entre distintas unidades del cuerpo que caracteriza las causas sobre la comisaría de la Policía Nacional de esta ciudad. En cambio, el ministerio público reprocha algunas actuaciones de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la sede provincial. La fiscal, Pilar Manso, se hizo eco ayer, en su réplica a las defensas, de una conversación entre dos agentes de la demarcación de Ourense (ninguno de ellos está acusado), en el que uno llegaba a decir que “se medio tapó, se tomaron unas declaraciones y quedó en stand by” la primera desaparición de tres armas de la que se tuvo constancia, en agosto de 2014, aunque posteriormente la UDEV apuntó a que la apropiación de las otras tres –un hecho conocido en febrero de 2015– se cometió probablemente también en el mismo momento. “Ponen de manifiesto que la comisaría está tapando la investigación de la desaparición de las armas”, dijo la fiscal, tras leer esa conversación entre los dos policías. Además recordó que en el despacho en el que apareció muerto de un disparo el agente Celso B. A., en abril de 2016, solo se encontraron tres de las seis armas robadas. De una de ellas salió el disparo.

Esa primera sustracción conocida en el búnker de la comisaría fue archivada por el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, que meses después reabrió las diligencias con el inicio de la ‘Zamburiña’, una causa que hasta 2016 estuvo unida a la del robo de pistolas y revólveres. “La UDEV dijo que no había indicios hasta esa fecha de un ilícito penal, pudiendo deberse a un error en el archivo. Así que el juez actuó conforme a derecho”, dice la fiscal. “Si la propia UDEV, que no había hecho ni una inspección ocular, informa de que no había delito, es lógico que el juez dictara auto de sobreseimiento. Sin embargo, la UDEV sí hizo constar una semana antes, en el registro internacional, que se había producido una desaparición, apropiación indebida o extravío de las armas. Al juez no se le pone en conocimiento de ese hecho. Quien no investigó fue la UDEV, le ocultó datos importantes”, incidió Manso, utilizando el argumento que las defensas atribuyen a Asuntos Internos por no informar al magistrado de la autoría y del contenido íntegro del anónimo.

Circunstancias mencionadas en la nota anónima

El oficio de Asuntos Internos que dio lugar a la reapertura de la causa de las armas, y a la intervención inicial de los teléfonos de la ‘Zamburiña’ que los abogados quieren que se excluya como prueba, y que los letrados de los agentes consideran que es la “única” que existe, constataba “circunstancias mencionadas en la nota anónima”, a la que atribuía “sospechas de veracidad”. Reiteró la fiscal que Asuntos Internos “lo que hizo fue recepcionar e investigar su contenido para ver si había delitos”. Las intervenciones de teléfonos –dijo– “no se basaron en una noticia criminal falsa, sino en un oficio policial”. Añadió que los registros, con la incautación de droga de los presuntos traficantes, “convirtieron en certezas la investigación, con personas con importantes cantidades de droga con el asentimiento de los agentes. No estamos hablando de una investigación basada solo en intervenciones telefónicas”.

Pilar Manso citó una resolución de la fase de instrucción de la Audiencia Provincial, de marzo de 2019, que, a su entender, demuestra que el anónimo no fue la única base inicial. “Asuntos Internos, a raíz de tener conocimiento del anónimo, llevó a cabo la investigación pertinente, que se desplegó en distintos ámbitos”. La fiscal afirma que la unidad secreta tiene la obligación de investigar las conductas de policías sospechosas de constituir delitos o ser poco éticas. Por eso sostiene que la intervención de la UAI “está justificada”.

Las defensas cuestionan que el juez desconocía el contenido íntegro del anónimo, que no se incorporó desde el principio al procedimiento, y que el autor de esa denuncia no era un confidente habitual, sino un policía. “El oficio de Asuntos Internos hace alusión a los datos esenciales de esa nota. Fue una actuación judicial motivada. Las sospechas se transformaron en certeza. No se puede hablar de actuación arbitraria ni desproporcionada”, dice Manso.

La fiscal Pilar Manso. / Brais Lorenzo / Pool

¿Quién es el autor o autores del anónimo?

También aludió a las otras dos causas sobre la comisaría, que aún siguen instrucción, en la medida en que las defensas ven conexidad por la investigación de los gemelos por el robo de armas (sustracción mencionada en el anónimo que llegó a Asuntos Internos) y por la muerte de un compañero de un disparo, con una de las pistolas del búnker. Los abogados consideran que Asuntos Internos debía haber identificado y comunicado al juez quién era el informante. “No se ha descubierto quién es el autor o autores del anónimo, y hay informes contradictorios sobre la muerte de un agente, que acumula 30 tomos y 4 años de investigación en Instrucción 3. Aseverarlo no se corresponde con la verdad. A fecha de hoy, no ha podido determinarse” la presencia de los gemelos “en el escenario del presunto homicidio, “ni tampoco quién mandó” el anónimo, “porque el router desde que supone que fue enviado lo rompió la UDEV de Ourense”, manifestó la fiscal en su turno.

Añadió que aunque se conociera la identidad del redactor, sería fuente confidencial y revelar su identidad “podría poner en peligro” a la persona. De hecho, el confidente avisaba de su miedo a represalias. “El cometido es investigar sobre esa información confidencial”, dijo Manso. “La nota sirvió para iniciar la investigación, pero que no esté determinado quién es el autor no lesiona ningún derecho fundamenta. La información aportada se utilizó como medio de investigación. Querer instar la nulidad en base a que no se investigó la autoría es absurdo, lo que se debe investigar es si lo que pone es cierto o no”. La fiscal aseguró que el exjefe antidroga acusado también se valía de “información confidencial” en sus atestados.

La acusación: una “colaboración simbiótica” de policías y narcotraficantes

La Fiscalía solicita penas efectivas de prisión para tres de los cuatro agentes acusados en la operación ‘Zamburiña’. Para la principal de los presuntos traficantes y confidentes, el ministerio público solicita una condena de 13 años. La Fiscalía de Ourense considera que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría de Ourense ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes ,“favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo. Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes conseguían “crédito” y “reconocimiento”, profesional, según expresa el ministerio público en su escrito. La Unidad de Asuntos Internos –de acuerdo a la Fiscalía– se encontró en este caso con “actuaciones sumamente anómalas, al margen de todo control y de la ley”. Las penas individuales que solicita para los 13 encausados suman en su conjunto más de 100 años.