El portavoz del BNG en la Diputación de Ourense, Bernardo Varela, ha pedido al actual gobierno provincial explicaciones sobre la sentencia que condena a la Diputación a pagar 193.000 euros que no abonó a un particular por el suministro de bancos y marquesinas en 2011 (cuando gobernaba José Luis Baltar). Además, la resolución pide a la Fiscalía que investigue un posible delito de prevaricación ya que la compra se hizo sin contrato alguno.
Varela recuerda que en 2014 Baltar Pumar fue condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada por la contratación ilícita de un centenar de trabajadores por lo que esta sentencia, afirma, “no hace más que sembrar dudas sobre otras adjudicaciones discutibles”.
Por eso, el diputado nacionalista ha pedido la documentación de este caso y pregunta si el ente provincial ha realizado o tiene pensado realizar controles de legalidad sobre los expedientes de contratación administrativa de la institución provincial.
