Considera la Fiscalía de Ourense que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría, juzgados en la ‘Zamburiña’, ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes ,“favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para lograr incautaciones sin esfuerzo. Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes ganaban “crédito” y “reconocimiento”, según el ministerio público, que pide penas efectivas de prisión para tres de los cuatro policías, así como multas e inhabilitaciones. En el banquillo se sienta, además, una supuesta red criminal de nueve presuntos traficantes. Josefa P. G., alias Pucha, es la principal de los supuestos narcos e informantes. La fiscal solicita 13 años de cárcel para ella, histórica del narcotráfico de la ciudad, condenada a 6 años en 2006.
El macrojuicio de la ‘Zamburiña’, resultado de una operación de Asuntos Internos tras la recepción en noviembre de 2014 de un anónimo sobre supuesta corrupción policial, comenzará el próximo lunes, después del aplazamiento de una semana, acordado ayer, por el posible COVID de un acusado confinado. El policía y líder del sindicato SUP en Galicia, Roberto González, defiende a los cuatro agentes, “grandes profesionales”. Beatriz Seijo, abogada del exjefe policial antidroga, Antonio R. F., –para quien la fiscal pide más de 11 años–, afirma que el caso está “plagado de nulidades a niveles sorpresivos; hay un montón de irregularidades, como nunca vi en mi vida”.
Las otras causas sobre la policía
Antonio, con rango de inspector, permanece suspendido desde que el caso eclosionó en noviembre de 2015. Llevaba un año al frente de la unidad antidroga de la comisaría. Sus compañeros Felipe M. A. y Mercedes C. G. –la fiscal pide la misma pena de prisión para ambos, 6 años y 3 meses– están retirados. A estos tres atribuye la Fiscalía un presunto delito contra la salud pública y de revelación de secretos, más omisión del deber de perseguir delitos en el caso de Felipe y de Antonio, añadiendo para el exjefe un delito adicional de supuesto uso ilegal de información de bases de datos. Solo sigue en el servicio activo el cuarto agente acusado, José Antonio R. F., al que el ministerio público atribuye un delito de revelación de secretos por el que solicita multa de 5.400 euros y dos años de inhabilitación.
“Aquí quien falló fue Asuntos Internos, que hizo una investigación que partió viciada. Se está demostrando que el anónimo con el que se autorizan las escuchas era falso y contenía algunas informaciones delictivas. Asuntos Internos no fue hasta el fondo, no identificó a los autores ni puso sobre la mesa las motivaciones de esos autores. Si hubiera hecho bien su trabajo, quizá hoy estarían sentadas otras personas en el banquillo”, expresa el responsable gallego del SUP.
Trato con confidentes, “al límite”
“No se quedaron drogas ni dinero. No hay una red criminal de policías con traficantes. Son agentes que hicieron su trabajo. En los grupos de investigación de cualquier comisaría se va un poco al límite en ese trato con los confidentes, pero de ahí a hablar de otro tipo de delitos no. A veces en la investigación, para poder desarrollar el trabajo hay que tener trato, hablar y sentarse con los confidentes. Lo que hicieron es que los traficantes creyesen que tenían esa confianza, pero en ningún momento los favorecieron”, afirma el portavoz sindical. “El escarnio que tienen que sufrir estos cuatro agentes es mayúsculo pero confiamos en que van a obtener una sentencia absolutoria. La comisaría está con ellos”. El SUP se hace cargo de la defensa jurídica del agente José Antonio R. F., pero extiende su confianza a la inocencia de los cuatro. “Desde el primer momento estuvimos a su lado y seguiremos a su lado”.
González aludió, sin citarlas, a las dos causas aún en fase de instrucción en las que están investigados los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. por la muerte de un agente en comisaría, en abril de 2016, con una de las seis armas robadas del búnker en agosto de 2014. En el anónimo que llegó a Asuntos Internos se hacía alusión, entre otras presuntas corruptelas, a la desaparición de las armas. La UDEV de la Policía Judicial de la comisaría de Ourense atribuye la autoría del escrito y la sustracción a los agentes hermanos y al fallecido. “El inicio de las escuchas viene de un anónimo que habla de tráfico de armas y de ilícitos que no se produjeron. Se fabricaron pruebas para que Asuntos Internos mordiese el anzuelo. Con el beneplácito del juez se inició una macrooperación que no es tal”, subraya González.
Las escuchas telefónicas
Defensas como la de Antonio entienden, por ese contexto, que las causas deben estar unidas en una sola, aunque la Audiencia Provincial estableció varias veces que se tramiten por separado. En las cuestiones previas, Beatriz Seijo solicitará l suspensión para que se esclarezcan primero los otros hechos de la Policía de Ourense. “Hay otras personas investigadas por la sustracción de armas, una de las cuestiones que se decía que había llevado a efecto Antonio. La separación de las causas genera una indefensión brutal. Lo curioso es que vamos a enjuiciar conductas que se están tramitando en otros procedimientos”, expuso la letrada ante los periodistas ayer.
"Lo curioso es que vamos a enjuiciar conductas que se están tramitando en otros procedimientos"
Las escuchas que la Fiscalía esgrime como prueba de la presunta connivencia entre policías y traficantes son discutidas por las defensas, que pedirán su nulidad. “Están descontextualizadas y no están todas, no nos facilitaron copia”, dice Beatriz Seijo. El letrado de Josefa, Jorge Temes, ve nulos los registros, las escuchas e incluso la autoinculpación de su clienta. “Están viciados, se derivan de una información por lo menos tergiversada o falsa de Asuntos Internos”.
La sala solicita a las doce partes “síntesis y evitar reiteraciones”
Once defensas, una fiscal, trece acusados, 109 testigos, 26 peritos y mes y medio de juicio. El amplio calendario para resolver la Zamburiña hace que la sala de magistrados pida, ya desde el inicio, la máxima concreción posible a las doce partes, para evitar que las sesiones se alarguen más de lo preciso. “La sala solicita la máxima colaboración y apoyo para que traten de ser lo más sintéticos posibles en los interrogatorios y en los informes, evitando reiteraciones”, expuso en la sesión inaugural de ayer la magistrada ponente y presidenta del tribunal del caso, Ana Blanco.
Medidas contra el virus
Escritorios individuales para las defensas, con mamparas de separación. Los acusados, sentados con distancias. Ventilación intensa de la sala de vistas y estancias contiguas. Son las medidas antiCOVID en la Audiencia Provincial de Ourense en este juicio.
El COVID aplaza el comienzo del juicio y altera el plan inicial
El presunto traficante R. E., para el que la fiscal pide 8 años y 9 meses de cárcel, está confinado por posible COVID, aunque la defensa desconocía ayer si se ha hecho la prueba. “Según el protocolo de Sanidad, debe estar aislado 10 días; la ley ampara la suspensión. Tiene derecho a estar presente dada la petición de pena”, subrayó el letrado. Tras oír la opinión de los diferentes abogados –alguno pidió habilitar un sistema de videoconferencia ante supuestos como este, dada la tercera ola de la pandemia– y de la fiscal –proclive a celebrar ya ayer las cuestiones previas, un debate de carácter técnico que desarrollan los juristas–, la sala decidió aplazar el inicio del macrojuicio una semana, hasta el lunes 18. En las cuestiones previas se resolverá si, tras concentrar el debate técnico inicial en las primeras jornadas, se hace después el interrogatorio a los 13 acusados, o queda para el final, tras los 109 testigos y 26 peritos, una opción que la sala ya avanzó ayer en caso de problemas COVID.
