La gestión de la pandemia en la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza fue denunciada cuando todavía era el mayor brote conocido de Galicia en las residencias de mayores; después llegó Os Gozos. Un familiar de una usuaria, que falleció en el interior del centro por coronavirus, interpuso una denuncia en la Fiscalía de Ourense por la gestión del virus en un centro que llegó a tener 125 usuarios contagiados, de los que 27 fallecieron.
La mayoría de las denuncias por gestión en las residencias de mayores fueron archivadas, pero tras ellas se demuestran otros datos no conocidos. En el centro de la Esperanza, de la Fundación San Rosendo, la denuncia fue archivada tras practicar las diligencias pertinentes y no apreciarse indicios suficientes de negligencia ni en la aparición de contagiados en el centro ni en la transmisión de la enfermedad, según relata el escrito de la Fiscalía. Además el ministerio público indica que en “en el presente supuesto, y teniendo en cuanta los hechos acreditados, no puede incardinarse el hecho de que la aparición de numerosos casos de coronavirus en el centro y los enfermos y fallecidos sean con como consecuencia de una actitud derivada de la actuación en dicha residencia”. Y señala que “la residencia adoptó las medidas que en ese momento se conocían y las que se podían adoptar teniendo en cuenta que ni se preveía con anterioridad ni se disponía de equipos de protección ni había trabajadores suficientes debido el numeroso contagio en los mismos”.
La fiscal jefa de Ourense, Eva Regueiro, entiende por los fundamentos de derecho expuestos que no resulta de las diligencias practicadas indicios suficientes para la comisión de un delito de negligencia, por lo que archiva la denuncia.
Sin ninguna inspección
La fiscal jefa de Ourense también decidió remitir al delegado autonómico de Galicia en materia de protección de personas con discapacidad una comunicación respecto a la falta de inspecciones por parte del gobierno gallego en la Residencia Nuestra de la Esperanza. En concreto, y después de analizar la documentación facilitada, Eva Regueiro concluye que la Xunta de Galicia no realizó ninguna visita para analizar todos los requisitos que se garantizan reglamentariamente por una disposición de la Consellería de Política Social. En concreto, la disposición de 24 de enero 2020 fija los criterios del plan de inspección para los servicios existentes en las residencias y para garantizar los derechos fundamentales, así como la competencia y la capacidad profesional. Es por estos motivos por los que la fiscal jefa de Ourense traslada al delegado autonómico un escrito para “su conocimiento y gestión de las actuaciones que considere procedentes”.
Acuden a la Valedora do Pobo
Desde la formación política Podemos en O Carballiño afirman que “es por estos motivos por los que solicitaremos a la Valedora del Pueblo que investigue qué situación se está dando realmente en estos centros, y que se tomen medidas oportunas para poner fin a esta situación de abandono y maltrato por parte de estas empresas”.
El virus entró en la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza y desde la fundación y por parte de los trabajadores se adoptaron las medidas estipuladas en los protocolos de prevención y de protección en los geriátricos que estableció la Xunta de Galicia, además de mantenerse una comunicación fluida con el gobierno gallego.
La fiscal jefa de Ourense también entiende que no existen indicios de presuntos delitos de lesiones por imprudencia o de homicidio imprudente. Tampoco ha quedado acreditado, según el ministerio público, que el resultado producido por la pandemia en este centro habría podido evitarse con otro tipo de actuaciones.
