Pachi Vázquez, Elisa Domínguez, José Antonio Barge, Carlos Montes y Alfonso Prado se acogieron a su derecho a no declarar y todos ellos con la coletilla de “por recomendación de mi abogado”, en la novena sesión del juicio por presunto enchufismos en el Concello de O Carballiño durante los años 1995 y 2005. Después de cambiar el turno de declaración en la primera jornada del juicio, los cinco investigados recusaron hace ningún tipo de declaración en el pleito judicial en referencia a los hechos juzgados. Una táctica que disminuyó el tiempo de la sesión judicial y en el que hoy quedarán los informes y las conclusiones para dejarlo visto para sentencia.
A la salida del juicio Pachi Vázquez dijo que “me acogí al derecho no declarar por recomendación de mi abogado, así que, ahora, me acojo al derecho de no hacer declaraciones hasta que la justicia se pronuncie. El exconselleiro y exregidor de O Carballiño considera que el proceso “se ha acabado” y que a tenor de lo escuchado en la sala “está bastante claro”, pero que “el momento de hablar será cuando hable la justicia”. Además quiso añadir que “yo ya declaré tres veces sobre este procedimiento y en ninguno de ellos estaba la fiscal”.
Anteriormente a la decisión de no declarar de los acusados, compareció el último testigo de la defensa que consistía en un perito que elaboró un informe sobre el procedimiento en cuestión, alegando que “en mi modesta opinión no hay irregularidad en la contratación de indefinidos de oficio. Hay una diferencia entre indefinido y trabajador fijo, puesto que a pesar de ser lo mismo en el ámbito privado, en el público son privativos de la administración”.
En su argumentación el perito sostuvo que “el indefinido no fijo no deja de ser un temporal, por lo que no hay, en mi modesta opinión, irregularidad en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la situación de indefinido de oficio”. Y ha dejado constancia también que “en muchos ayuntamientos la no declaración de oficio era sancionable si los alcaldes no la realizaban”. Sobre este argumento expuso sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo y también señalando a casos del Supremo.
La petición de la Fiscalía a definitivas
El Ministerio Público mantiene la acusación a definitivas y reclama penas de inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante diez años para Manuel “Pachi” Vázquez, Carlos Montes y Alfonso Prado; nueve para José Antonio Barge Gil, edil de personal entre 2007 y 2011; y ocho años y nueve meses para Elisa Domínguez, quien fue responsable del área social y alcaldesa en funciones durante un mes y medio. Según el Ministerio Fiscal, en sus respectivos periodos de mandato suscribieron “un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada con respecto a 60 trabajadores”, y la gran mayoría pasó a formar parte de la nómina de indefinido del Concello. Por ello acusa a los investigados de procedimientos en los que “no se respetaba la normativa de acceso a la Administración Pública para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”. La sesión judicial se espera que termine hoy con la presentación de los informes finales y las apelaciones por parte de los cinco abogados que defienden a los cinco acusados de presunto enchufismo en el Concello de O Carballiño. Será la última jornada de un juicio maratoniano en el que la magistrada de lo Penal 2, Susana Pazos, dictará la última palabra con la sentencia.
