“Si el juzgado atiende nuestra petición, los cuatro concejales ahora en el grupo de no adscritos volveríamos a ser ediles de DO en el Concello de Ourense y con todas las consecuencias”, declaraba ayer Miguel Caride, uno de los cuatro ediles que fueron expulsados del grupo municipal de DO y de este partido, por el presidente del mismo, y actual alcalde de la ciudad Gonzalo Pérez Jácome.
El ahora alcalde tomó esa decisión después de las denuncias presentadas por estos ediles en Fiscalía contra Jácome por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del partido, lo que obligó a esos concejales a pasar al grupo de no adscritos.
Miguel Caride hacía esas declaraciones ayer en las puertas del juzgado de Ourense, en el que tenía lugar ayer la vista por la denuncia presentada por los llamados ediles díscolos, pidiendo medidas cautelares para que se anule esa asamblea de DO, a su criterio plagada de ilegalidades, en la que se acordó la expulsión de los cuatro ediles del grupo municipal de Democracia Ourensana.
Una expulsión que llevó el tsunami creado en el Concello por el cese de los cuatro concejales críticos, y la posterior ruptura del pacto de gobierno municipal PP-DO, hasta la Diputación, donde Miguel Caride, que había sido nombrado vicepresidente segundo por Baltar en respuesta al pacto de gobierno PP-DO que ellos aún veían vigente, tuvo que ser cesado por el propio presidente de la Diputación, pues al ser expulsado Caride de DO ya no cabía nombrar vicepresidente a un edil no adscrito.
De este modo los cuatro ediles, el propio Manuel Álvarez que acompañó como testigo a Miguel Caride al juzgado, así como María del Mar Fernández Dibuja y Maite Rodríguez (esta últimas no asistieron) volvieron a solicitar ayer ante el juzgado de primera instancia de Ourense la nulidad de la asamblea en la que fueron expulsados del grupo municipal de Democracia Ourensana tras la denuncia efectuada contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por la gestión de los recursos económicos del partido.
Si se declara la nulidad de la expulsión podrían de inmediato volver a ser ediles de DO, pues la sentencia final tardará más de un año.
