El juicio por presunta prevaricación en las contrataciones en O Carballiño, contra los exalcaldes Pachi Vázquez y Carlos Montes, y otros tres exconcejales socialistas, supera la primera semana tras la declaración como testigos, ayer, de otra decena de trabajadores que acumularon contratos hasta ser indefinidos. La dinámica habitual era que cesaban a finales de año y estaban en paro unos días antes de una nueva alta a inicios del ejercicio siguiente. La Fiscalía, que solicita penas de inhabilitación para cargo público de 8 a 10 años, sostiene que los políticos acusados autorizaron contratos sucesivos de 60 personas, “con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de toda contratación pública, como es la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y capacidad”. Para acreditar ese hecho –o de refutarlo, que es el papel de las defensas–, por ahí gira el interrogatorio.
Tres trabajadoras de ayuda a domicilio testificaron ayer. La primera, que empezó en 2005 y se convirtió en indefinida en 2007, manifestó que pasó “de la Mancomunidad al Concello de O Carballiño” teniendo que firmar solo un nuevo contrato, con los mismos usuarios. Una compañera ya jubilada, que se hizo indefinida también en 2007, asegura que la llamaron del INEM, donde estaba inscrita, para que se presentara en el ayuntamiento. Otra auxiliar, cuya primera vinculación se remonta a 2001, afirma que, tras hacer un cursillo, la llamaron para ese puesto. “Me pidieron el título y empecé a trabajar, nada más”, declaró, matizando que entonces el servicio todavía estaba empezando. Fue renovando de año en año y, al tercero, se convirtió en indefinida.
Una mujer que todavía hace labores de contabilidad accedió al Concello en 2002, con el Plan Labora, tras inscribirse previamente en el INEM. “No recuerdo”, repitió ayer varias veces, en qué dependencias del ayuntamiento –más que manifestar que se trataba de “una oficina”– ni ante quién hizo la entrevista de selección. Tras encadenar varios contratos, en enero de 2007 se hizo indefinida. “No me acuerdo”, añadió, con quién firmó el contrato que la hizo fija.
“Estaba apuntado en el INEM y me llamaron para un trabajo de monitor deportivo. Presenté el currículum en el Concello y tuve una entrevista en el salón de plenos; éramos tres o cuatro”, dijo otro testigo. Empezó en 2003 y en 2007 acabó siendo indefinido. “Para renovar, me presentaban el contrato y firmaba”, declaró este hombre.
Una trabajadora social que comenzó en 2003 su relación laboral asegura que, después, iba optando por las plazas que ofertaban. “Me presenté varios años a distintas plazas, los procesos eran siempre a final de año. Éramos 15 o 20 personas y a veces entrábamos una, dos, tres...” Acudió al juzgado en 2010 para ser indefinida. Años después, con el PP en el poder, su despido se consideró nulo e improcedente.
Dos trabajadores, también indefinidos, aseguraron ayer que no solo pasaron una entrevista de trabajo inicial en el salón de plenos, sino que para poder renovar los contratos anuales iban a otro proceso de selección. En cambio, otro afirma que solo tenía que firmar.
