El magistrado Luis Doval, titular de Instrucción 2 de Ourense, considera que existen indicios de un posible delito de coacciones para, una vez finalizada la investigación, abrir la fase intermedia –la de la acusación, previa al juicio oral– contra Manuel V. D., un religioso de 79 años que presuntamente envió reiterados mensajes a un menor de edad.

La Fiscalía solicitó que se dictara el auto de procedimiento abreviado por un presunto delito de coacciones, del artículo 172 ter del Código Penal, y el magistrado ha visto elementos suficientes para dar ese paso. El ministerio público formulará acusación por un delito que prevé una posible condena de 3 meses a 2 años, o bien una multa de 6 a 24 meses, para quien “acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado”, conductas que “alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. Establece el mismo artículo del Código Penal que si la víctima “se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años”.

Los intereses de la víctima son defendidos, además de por la Fiscalía, por una acusación particular. La instrucción solo estaba pendiente de que el forense examinara al menor y emitiera un informe sobre las posibles secuelas psicológicas causadas por las presuntas coacciones del cura casi octogenario. Esta prueba fue solicitada por el abogado del perjudicado y ordenada por la Audiencia Provincial. En principio, el Instituto de Medicina Legal (Imelga) no ha apreciado daño psicológico ni la necesidad de tratamiento médico, según las fuentes consultadas.

Una profesora del adolescente se puso en contacto con la Policía para poner de manifiesto cambios en el ánimo y la conducta del menor que eran sospechosos. La docente temía que el origen fuera un posible caso de acoso escolar, pero no. Según la investigación, el religioso envió presuntamente 671 mensajes en menos de un mes al adolescente. Manuel V. D., natural de Castro Caldelas y ordenado en marzo de 1969, era sacerdote de la parroquia de San Breixo de Seixalbo y también fue capellán del hospital público de Ourense. La Diócesis lo apartó, al conocerse los hechos, y abrió un proceso canónico. En mayo de 2019, el investigado fue citado a declarar y se acogió a su derecho a no declarar ante el juez del caso.

Tres sacerdotes de Ourense

Este fue el primero de tres casos contra curas de la Diócesis de Ourense que trascendieron con pocos meses de diferencia. Un sacerdote de Avión, P. E. R., será juzgado por un presunto abuso sexual a un niño de 10 años que hacía la catequesis, en 2006. La Fiscalía solicita una condena de 2 años de cárcel, 3 de alejamiento y 10.000 euros por daño moral. El cura lo niega. Esta semana, el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, decretó el sobreseimiento libre –considera prescritos los hechos– de la causa contra F. M. M. L. un cura que ejercía en la zona de Allariz, quien estuvo investigado por supuesto abusos a su sobrina cuando era menor.