La inversión en obra pública en la provincia ha batido marcas en negativo en los últimos 22 meses. Así lo constata la Asociación de Constructores de Ourense, que ayer celebró su asamblea anual y presentó el informe de actividad del ejercicio 2019 y los diez primeros meses de 2020. Frente a esta caída, el presidente de la entidad, Santiago Ferreiro, destacó que, una vez más, el sector se ha mantenido gracias a la iniciativa privada, centrada en la rehabilitación y reforma de edificios y viviendas.
En 2019, la licitación de obras por parte de las administraciones públicas descendió un 73,16% (casi 114,5 millones de euros frente a los 426,5 millones de 2018). La tendencia es similar en lo que va de 2020, con una caída del 45%, pasando de los 101,7 millones de euros de 2019 a 55,9 millones entre enero y octubre. Esta variación tiene mucho que ver con el AVE, a cuya construcción el Estado destinó 301,5 millones en 2018, frente a los 27 millones de 2019.
De nuevo, señaló el presidente, “son cifras preocupantes para la provincia, donde las administraciones con más capacidad de inversión, como la Xunta y el Estado, son las que menos actividad licitadora presentan”. Igual de preocupante y recurrente, incidió, es la escasa inversión que realizan los ayuntamientos, con poco más de 12,6 millones y un descenso cercano al 40%.
Todos estos indicadores, y en particular la evolución por provincias entre enero y octubre de 2016 a 2020, revelan que Ourense sigue a la cola de Galicia en licitación pública, excepto en los años con inversiones notables destinadas al AVE, como en 2018. Datos “demoledores”, afirma Ferreiro, “para una provincia que aun espera por necesarias infraestructuras como la autovía A-56 (Ourense-Lugo), con proyectos realizados, terrenos disponibles y tramos licitados, pero donde se rescindieron contratos a los adjudicatarios”. Cita también la A-76 (Ourense-Ponferrada), la circunvalación norte, el vial transfronterizo entre el nordeste de Portugal y la A-52-estación del AVE en A Gudiña, la reforma de la C-533 entre A Rúa y A Gudiña, la continuación de la autovía de Celanova hasta la frontera portuguesa, la ampliación del enlace entre la A-52 y el polígono industrial de San Cibrao o el tramo pendiente del AVE entre Taboadela y Ourense.
Al igual que ocurrió en la anterior crisis económica, la rehabilitación y reforma de viviendas se ha convertido en una importante cartera de trabajo para este sector que, a cierre de octubre contabilizaba 8.209 trabajadores y 1.549 desempleados.
“La rehabilitación ha experimentado un fuerte incremento en este contexto de pandemia, ya que tras el confinamiento los ciudadanos han puesto en valor la calidad de sus hogares y, por otra parte, muchas familias han decidido rehacer sus vidas en villas y pueblos, acondicionando viviendas familiares o comprando inmuebles que precisan de importantes reformas”, señala el presidente de ACO, que destaca que la construcción puede convertirse en “una gran fuente de empleo, diferente al que conocíamos, más cualificado, especializado y atractivo para los jóvenes”.
La situación en la ciudad de Ouren centró parte de la asamblea. Santiago Ferreiro lamentó que “los condicionantes aun son mayores ante la crisis política que vive la capital, una ciudad lastrada antes de la pandemia por la ausencia del PXOM y unos injustificables retrasos en la concesión de permisos y licencias, y ahora por los intereses partidistas que impiden un acuerdo de gobernabilidad y que frenan cualquier iniciativa inversora e hipotecan el futuro de los ourensanos”.
Además, indica, “nos preocupa que el tan ansiado plan de obras no se llegue a ejecutar, pues a estas alturas del año es ya imposible la publicación y adjudicación antes del 31 de diciembre de todas las obras”. Además, incide el presidente, “vemos muy complicado, si no imposible, disponer de presupuesto para el próximo año, un ejercicio en el que no habrá techo de gasto y sí una oportunidad única para invertir el superávit municipal en gasto social y las tan necesarias infraestructuras”. En cambio, concluye, “pese a disponer de más de cien millones de euros de tesorería, se están pagando intereses de demora a los proveedores por superar el plazo legal de pago”.
