Dos peones de obra, dos empleados del Grupo de Emergencias de O Carballiño, un empleado del pabellón polideportivo, una asistenta de ayuda a domicilio, un auxiliar de Policía Local y dos técnicos de empleo del Concello carballiñés declararon ayer ante el Juzgado Penal 2 de Ourense en la causa abierta contra Pachi Vázquez, Carlos Montes, Alfonso Prado, José Antonio Barge y Elisa Domínguez, que se enfrentan a penas de 8 a 10 años. Los dos técnicos municipales especificaron a la Fiscalía cómo se procedía a las contrataciones debido a que los procesados carecían de fundamentos y bases jurídicas para redactar contratos o resoluciones y cuáles eran los pasos a seguir en el proceso de contratación. En concreto, fueron preguntados por los puestos con base a subvenciones de la Xunta, donde a preguntas de la fiscal Rosa Tallón arguyeron que “los expedientes de índole personal y de contratación estaban separados, en uno se guardaban todo lo referente a las circunstancias personales de cada candidato que entrevistaba y los permisos, vacaciones o trienios si tenía, y por otro lado estaban los expedientes de contratación, donde estaban la oferta de empleo público, la selección, la propuesta y la resolución de contratación”.
Ambos técnicos de empleo accedieron al trabajo por una subvención de la Xunta de Galicia al Concello de O Carballiño. El primero terminó su vinculación en 2008 y el otro devino indefinido. El primero alegó que “la interventora fiscalizaba la ayuda, previo a la solicitud del contrato, es algo que ella quería hacer siempre ella y me decía que esto estaba mal o esto otro se corregía y ya estaba” y en referencia a la supervisión de la secretaria dijo que “los decretos redactados los supervisaba la secretaria y no nos dejaba archivar nada que no estuviera firmado por ella, ella era así de disciplinada”. A pregunta de la defensa, señaló que “Alfonso Prado nunca me dijo nada de nada, nunca me dijo que tuviera preferencia por una persona u otra, no me dijo nada, ni el ni nadie me dijo que tenía que contratar a esta u otra persona”. El segundo técnico de empleo, que sigue prestando servicios al Concello de O Carballiño, coincidió con lo expuesto por su homólogo además de añadir que “el archivo de la documentación era un caos, se trasladó a una nave y ardió la nave”. Ambos defienden el procedimiento de renovación de contratos vinculados a la renovación de las subvenciones de la Xunta, ya que la orden autonómica decía, según ellos, que “todos aquellos trabajadores que estuvieran prestando el servicio automáticamente se les renovaba por otro periodo”. La Fiscalía puso en entredicho que ambos técnicos de empleo se renovaran sus propios contratos y ambos finalizan diciendo que “si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie por mí, era mi trabajo”.
“¿Indefinido?”
Tras los técnicos de empleo, declararon los trabajadores que se ven afectados por la causa entre los años 1995 y 2005. En concreto, todos aluden al tablón de edictos y a la prensa provincial para enterarse de las ofertas de empleo público del Concello de O Carballiño y alguno de ellos a “lo que hablaba la gente, del GES o de otros servicios”.
La Fiscalía preguntó a todos ellos si se renovaba automáticamente cada 1 de enero su vinculación laboral con el Concello de O Carballiño y en la mayoría de los casos respondieron que “sí”, excepto en algunos periodos que lo alternaban con la situación de desempleo.
El desenlace de los casos expuestos terminaba con una vinculación laboral indefinida por sentencia judicial firme y en un momento la fiscal incidió sobre el asunto con un exempleado diciendo que “no me diga, también se hizo indefinido”. La respuesta fue positiva y el Ministerio Público pone en entredicho las renovaciones automáticas sin garantizar los principios de mérito, capacidad y publicidad y también “la falta de integración de los otros candidatos, al renovarse automáticamente los contratos”. En el día se hoy se continuará con la cuarta jornada donde más trabajadores expondrán su vinculación y proceso de contratación con el Concello de O Carballiño.
