Después de que el anterior fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, formulara una querella contra Pachi Vázquez, su sucesor y otros tres exediles de O Carballiño por presuntos enchufes continuados –el mismo fiscal había llevado a juicio a Baltar padre, también por prevaricar–, el exlíder del PSdeG compareció ante los medios de comunicación, rodeado de una montaña de papeles, unos expedientes de contratación que, según su versión, sí existían, refutando la acusación de que, por norma, omitieron el procedimiento. En el juicio de once sesiones contra el exalcalde de O Carballiño, su sucesor, Carlos Montes, y otros tres exediles, intervinieron ayer dos secretarias que hicieron su labor en el periodo que esclarece esta causa. Tras varias respuestas con silencios y alegando que no recordaba, una de ellas, María Eugenia P. C., acabó reconociendo que sí formuló advertencias legales “verbales” sobre la necesidad de respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Para la contratación de personal temporal –la causa dirime la responsabilidad de 60 altas reiteradas– solo se respetó el procedimiento “excepcionalmente”. En cambio, la jurídica que ejerció como secretaria accidental entre 2000 y 2004, Silvia A., nombrada por decreto del propio Vázquez y secretaria de Barbadás desde 2004 hasta la actualidad, no apreció ilegalidades ni falta de expedientes. “Por muy bien que te caiga un alcalde, tengo una carrera como funcionaria y una responsabilidad penal. Si tengo constancia de un delito, tengo la obligación de denunciar”, quiso dejar claro.
En su escrito de acusación, la Fiscalía de Ourense sostiene que los políticos en el banquillo encadenaron contratos “con ausencia total del procedimiento existente a tal fin, o, sin atender en dicho procedimiento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública”. Según el ministerio público, “fueron celebrados a pesar de que los acusados fueron informados, con informes escritos y de manera verbal, del incumplimiento, durante la tramitación de los procedimientos de contratación de los trabajadores, de los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los mismos”.
La testigo María Eugenia P. C. llegó en 2004 a O Carballiño para ejercer de secretaria, cuando Pachi Vázquez aún era alcalde (desempeñó el cargo entre junio de 1995 y agosto de 2005, momento en el que cesó para ser conselleiro de Medio Ambiente en el gobierno bipartito de la Xunta). Lo usual, según su relato, es que despachara de forma oral y que emitiera informe si era obligatorio. “La práctica es que se va actuando, se va haciendo lo que se sabe que es legal”.
“A veces se hacían cosas mal”
No recuerda, dijo, si le pedían asesoramiento a la hora de realizar contrataciones. Según sus palabras, en ocasiones se enteraba de que se formalizarían altas porque “lo oía por ahí, porque se comentaba”, llegó a manifestar. “¿Cómo se velaba por que se cumplieran los principios de publicidad, mérito y capacidad?”, cuestionó la fiscal, Rosa Tallón. “Pues...”, respondió la secretaria. Después manifestó que en algunos casos, “de manera excepcional”, sí se seguían los requisitos que establecen la Constitución y la ley de bases de régimen local. “En el resto no sé”, manifestó la testigo. “En la gran mayoría de los procedimientos creo que no se respetaban, en algunos sí”, dijo más adelante, tras una nueva pregunta de la fiscal. “En algunas ocasiones se hacían las cosas mal y en otras no, en unas se seguían los requisitos y en otras no”.
Sobre los decretos que formalizaban las altas laborales, la secretaria declaró ayer que “mi firma daba fe pública, pero no era un aval de legalidad. Yo ni pinchaba ni cortaba”. También aseguró que no leía esos papeles. “Eran muchos, no tenía capacidad para repasarlos todos, los firmaba simplemente”. Dichos decretos eran elaborados por los respectivos departamentos municipales, pese a que la técnica reconoció que no contaban con personal cualificado. Según esta testigo, ya con Carlos Montes en la Alcaldía y José Antonio Barge como concejal de Personal, “se empezó a hacer bien”, con bases, publicidad y tribunal de selección, para valorar los méritos. A partir de 2007.
María Eugenia, al igual que otros testigos que intervinieron ayer, afirma que ninguno de los políticos en el banquillo le dio instrucciones, ni el nombre de a quién contratar. Esta secretaria también confirmó que ni los partidos de la oposición ni los sindicatos ni ningún ciudadano formularon reclamaciones tras los distintos contratos que analiza este juicio. A requerimiento del juzgado, esta secretaria certificó que faltaban los expedientes, varios de los cuales sí aparecieron tras hacer hincapié Pachi Vázquez en que existían. Una de las defensas preguntó el porqué a María Eugenia. “Pediría más auxilio, tendríamos más tiempo, se buscaría en algún sitio”, fueron sus respuestas.
Silvia A. empezó en O Carballiño como asesora jurídica externa, en el año 1998, con Pachi Vázquez como alcalde. Entre 2000 y 2004, tras un paso por la jefatura municipal de Urbanismo, ejerció como secretaria accidental, nombrada por decreto del mismo. No fue óbice, dijo, para que ejerciera el control de la legalidad.
La técnica, que intervenía supervisando y controlando la legalidad de los procedimientos, asegura que, en su periodo, sí existían expedientes y se cumplían los requisitos, si bien dejó claro que cuando algunas altas están vinculadas a subvenciones de otras administraciones –en concreto, de la Xunta– es necesario ajustarse a los criterios de las bases para no correr el riesgo de perderla. De igual modo, la práctica habitual, dice, es que si se prorroga la ayuda, también suceda lo mismo con el contrato.
Durante su cuatrienio como secretaria accidental, esta funcionaria no advirtió ilegalidades. En su intervención ayer en el juicio, también incidió en que no existía un procedimiento reglado para la contratación temporal, pero regían los requisitos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. “Si no, no habría expediente. Lo contrario sería una contratación a dedo”, afirmó. A preguntas de una defensa, ratificó que no le consta que hubiera reparos de la intervención. Y en su opinión, si no existiera un procedimiento, tendrían que figurar esos informes suspensivos del fiscalizador.
El archivo de los expedientes
Una vez finalizado el proceso de contratación, cada expediente se remitía al archivo, uno de los grandes puntos de discrepancia entre la Fiscalía y las defensas, que discuten la custodia de la documentación. “Me contaron que lo desmantelaron y lo trasladaron a una nave, lo que como secretaria me parece una barbaridad”, manifestó Silvia A. en su turno.
Emilio Á. fue archivero desde 1998 a 2010. Todo lo que entraba lo registraba, hasta donde podía con un ordenador obsoleto, en las dependencias de la segunda planta del Concello. Él se opuso, dijo, a que en la zona se habilitara un despacho. Cuando ya estaba retirado, volvió para hacer un trámite personal y encontró expedientes por el suelo. “Todo estaba descontrolado”, dijo. Otra parte estaba en una nave en el polígono de A Uceira.
Antonio F. fue derivado al archivo tras un problema en su anterior destino. No era su labor. “Yo no sé archivar, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, llegó a reconocer ayer en la vista. “Hacía un hueco y dejaba los expedientes ahí”. Tras el requerimiento del juzgado, con la causa abierta, él buscó los expedientes solicitados, aunque solo en espacios de la segunda planta y el bajo –tampoco sabe si otras personas disponían de llaves–, pero no en el polígono, donde según este operario había más de 200 cajas. “Hice lo que pude”, buscó caja a caja, visualmente, y tras mirar en el ordenador, “y lo que encontré lo puse a disposición de la secretaria”, afirmó ayer. “De algunas personas sí había expedientes, de otras no”. El juicio continúa hoy.
