El hombre que lideró el PSdeG, primero en Ourense y después en Galicia, que aspiró a la presidencia de la Xunta e impulsó el proceso de primarias en el socialismo gallego, es desde el año 2019 concejal en O Carballiño al frente de un partido que nació de una escisión socialista, Espazo Común. Manuel ‘Pachi’ Vázquez, médico todavía en ejercicio, se enfrenta desde ayer al juicio, de once sesiones, que dirime si prevaricó en contrataciones en O Carballiño en su época de alcalde, entre junio de 1995 y agosto de 2005, cuando cesó para ser conselleiro de Medio Ambiente en el gobierno bipartito de la Xunta. Junto a él son encausados Carlos Montes, su sucesor en el cargo hasta el año 2011, así como tres exconcejales: Alfonso Prado, José Antonio Barge –ambos, de Personal– y Elisa Domínguez. Todos se enfrentan a penas de inhabilitación pública, de 8 años y 9 meses a 10 años. Vázquez deposita su defensa en Víctor Moreno Catena, un catedrático en Derecho Procesal que ha publicado varios manuales que forman parte del currículo de estudio de cualquier jurista. El exconselleiro, que como el resto de acusados podrá declarar en el juicio al final, cuando se haya practicado toda la prueba –esa petición de las defensas fue aceptada por la magistrada– no quiso hacer declaraciones, pero su abogado sí.
“Es extraño un juicio en el que del orden de un 80% de testigos no han sido oídos nunca, ni por la acusación ni por las defensas. El ministerio fiscal, que no solicitó la testifical de estos trabajadores durante la instrucción, para saber qué había sucedido con cada uno de ellos, los trae ahora al juicio y no sabemos qué van a declarar. Estamos en una situación de ir viendo cada día por dónde viene el viento, y qué es lo que declaran y saben cada uno de los trabajadores que van a ser traídos a este procedimiento. No es lo usual”, afirmó.
En sala había argumentado que, en su opinión, el ministerio público acudía al juicio “a pescar”, a practicar “una miniinstrucción”. Según expuso, “más de 50 testigos no declararon en la fase de instrucción”. La fiscal del caso, Rosa Tallón –el proceso se inició a partir de una querella del exjefe, Florentino Delgado– recordó al letrado que la intención no es pescar, sino “practicar prueba”. En su opinión, no supondría ninguna indefensión que los encausados fueran interrogados en primer lugar, como sucede de hecho en la gran mayoría de las vistas. “Conocen la línea de la Fiscalía y tienen derecho a la última palabra”.
La magistrada del Penal 2 de Ourense, Susana Pazos, aceptó la petición de los abogados: “Si las partes entienden que su derecho de defensa se ve mejor garantizado declarando al final, esta juzgadora accede”. Víctor Moreno considera que “es el orden lógico y el sistema más respetuoso con los derechos fundamentales, a la presunción de inocencia y al debido proceso”.
Preguntado sobre si son o no enchufes las sesenta contrataciones discutidas de O Carballiño, que según la Fiscalía vulneraron los principios de mérito, capacidad y publicidad, Víctor Moreno respondió ayer: “En todas las actuaciones, que son más de 3.000 folios, no hay ni una pregunta sobre si hubo o no enchufes, privilegio o trato de favor. A nadie le han preguntado eso nunca, y por tanto el ministerio fiscal tampoco lo recoge en su escrito de acusación. No plantea que la actuación de los acusados haya sido movida por amistad o ideología”, sostiene el abogado de Pachi Vázquez.
Sin interrogatorio de los acusados hasta el momento final del juicio, la sesión inicial de ayer fue breve, limitándose al trámite de las cuestiones previas. Ángel Suárez, abogado del exalcalde Carlos Montes, alude a una supuesta vulneración de derechos fundamentales por el retraso del procedimiento en llegar a juicio, que se celebra en 2020 tras abrirse la causa en 2014, aunque parte de la demora se debe a que la causa tuvo que regresar a O Carballiño cuando Pachi Vázquez, que era diputado autonómico, perdió el aforamiento al dejar el escaño. “Se van a enjuiciar hechos 16 años después. Ha habido periodos donde se ha demorado indebidamente”, dice Moreno.
Además, el letrado de Montes cree que el relato de hechos de la Fiscalía, en el que se narran las circunstancias que motivan el presunto delito de prevaricación continuada, adolece de “inconcreción, imprecisión” e incluso “resulta oscuro”. En opinión de esta parte, no queda claro qué decisiones constituirían el delito ni cómo se acredita que la actuación ilegal fue a sabiendas, un requisito imprescindible para la prevaricación.
El abogado Pablo Quintas incorpora como prueba el caso en el que el exalcalde de Piñor, Francisco Fraga –también exsocialista en Espazo Común– fue investigado pero salió exculpado de once contrataciones, con un auto de sobreseimiento de la Audiencia Provincial. “La misma Fiscalía que nos acusa a nosotros pidió el archivo y dijo que la vía que procedía era el contencioso. Es un caso exactamente igual, hay contradicción entre un proceso y otro”.
Tras la sesión inaugural de ayer quedan diez más. Los acusados no tendrán por qué estar presentes en todas. La magistrada, que ya accedió ayer a que el exedil Alfonso Prado no lo haga, debido a cuestiones de movilidad, tampoco se opondrá a que el resto no acuda a cada una de las jornadas, excepto al interrogatorio y a la última palabra.
La acusación de la Fiscalía
La Fiscalía considera que los exalcaldes Vázquez y Montes, y los otros tres exconcejales acusados, prevaricaron por hacer contratos reiterados a 60 personas en O Carballiño, “con ausencia total del procedimiento existente a tal fin, o, sin atender en dicho procedimiento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública”.
Como consecuencia de las “contrataciones sucesivas” –a dos empleados de la basura, 18 y 19 veces; a uno de la limpieza, 15–-, la mayoría de altas de duración determinada devinieron en vinculaciones indefinidas, “a pesar de que los acusados, fueron informados, cuando desempeñaban sus puestos en el Concello, con informes escritos y de manera verbal, del incumplimiento”, según la Fiscalía.
“En ningún caso pidieron al secretario ni a la intervención municipales informe sobre la legalidad de las contrataciones que efectuaban”, añade. Los beneficiarios de los presuntos enchufes fueron peones, policías, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores de la basura, limpiadores o profesores del conservatorio, entre otros.
