El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, compareció ayer en la comisión del Parlamento gallego para la reactivación social y económica de Galicia, donde defendió la necesidad de “evolucionar” el modelo de gestión de las residencias de mayores y crear unidades de convivencia reducidas que permitirán reorganizar los “equipos, circuitos y tareas” para la atención de los usuarios.

Esta fundación gestiona 70 centros residenciales (la mayoría en Ourense), con 3.667 plazas asistenciales y 1.793 trabajadores.

En su comparecencia, el presidente rechazó la posibilidad de que las “residencias se conviertan en unidades medicalizadas”, y defendió que la atención sanitaria “debe prestarse en los servicios sanitarios”. Por ello, Gavela abogó por una mayor “coordinación e interacción” entre los centros asistenciales y el hospital de referencia de cada área sanitaria.

“Las personas mayores que viven en una colectividad tienen que ser atendidas por el médico que le corresponde por su tarjeta de la seguridad social, independientemente de que en el centro tenga un médico. Cuando ingresan en una residencia no pierden su derecho a la atención sanitaria, al igual que aquellas personas que permanecen en sus hogares”, explicó. Fortalecer el plan HADO, de hospitalización a domicilio que puso en marcha el Sergas, dijo, “es una buena solución”.

También recomendó cambiar la “arquitectura de los centros” para disponer de “áreas de aislamiento y una mayor compartimentación de las salas”. Por ejemplo, indicó, “habría que promover un cambio en el criterio de los comedores, para tener un mayor número y más pequeños”, añadió.

El presidente de la Fundación San Rosendo reivindicó también el modelo de esta institución, que desarrolla la implantación de centros en el ámbito rural.

Gavela apuntó que desde el inicio de la pandemia se aplicaron los protocolos establecidos, se adquirió material de protección para los trabajadores y los usuarios, se contrataron 70 profesionales para refuerzo de los centros, se elaboraron 80 planes de contingencia, se compraron dispositivos electrónicos para facilitar la comunicación con las familias y se realizaron campañas de sensibilización interna.

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 16 de noviembre, el coronavirus infectó al 15% de los 5.460 trabajadores y usuarios que integran la Fundación (821). En este periodo el número de personas fallecidas ascendió a 102, lo que representa el 2,7% del total de residentes. Las personas fallecidas tenían una edad media de 86 años y padecían patologías asociadas.

Desde la oposición, el diputado socialista Pablo Arangüena acusó una “estrecha vinculación” de la fundación al PP, con referencias al pasado judicial del fundador Benigno Moure, y la diputada del BNG, Olalla Rodil, denunció la “falta de anticipación” de la Xunta en la segunda ola al tiempo que reclamó un “modelo público” de geriátricos.