La junta de gobierno local, integrada por los tres ediles de DO, abordó ayer 46 asuntos, entre los que se incluye la aprobación del expediente para contratar el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad. El nuevo pliego incluye un refuerzo en materia de personal, con la incorporación de 12 nuevos trabajadores y la creación de dos brigadas de intervención rápida para actuar de forma inmediata en zonas que lo requieran.
El objetivo del contrato, que asciende a 1,9 millones de euros anuales, es lograr una mejora en el cuidado de estos espacios, que suman una superficie de casi 530.000 metros cuadrados en todo el municipio. La duración es de dos años, prorrogable a 4, por lo que la cuantía total estimada suma 7,5 millones. El expediente establece dos lotes, uno para el barrio de A Ponte, con una superficie de 148.252 m2, y otro para el resto de la ciudad, que suma 380.522 m2.
Desde el gobierno local explican que la propuesta aprobada prevé un aumento del actual personal en doce personas “con el objetivo de garantizar una prestación del servicio que asegure el correcto mantenimiento y una notable mejora de parques, jardines, espacios verdes y arbolado”. Asimismo, se creará una brigada de intervención rápida para cada una de las zonas cuyo cometido será dar respuesta inmediata a los requerimientos urgentes.
El contrato incluye un apartado social en materia de contratación, de manera que se fomentará la inserción laboral de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables, así como el empleo de mujer, colectivo sobre el que el desempleo tiene un mayor impacto.
Rúa da Canle
Además, los tres concejales dieron luz verde a la adjudicación de las obras de ensanche de las aceras de la rúa da Canle, desde Fonte do Monte hasta Ricardo Courtier, en la Cruz Alta, por un importe de 41.764 euros. También se adjudicó la renovación del contrato del servicio de desratización, desinsectación y desinfección para los próximos dos años, con un importe de 28.701 euros anuales. La empresa adjudicataria ofreció como mejora la instalación de dispositivos y trampas para roedores en la red de sumideros.
Entidades sociales
En el aparado social, la junta de gobierno aprobó la firma de tres convenios de colaboración con entidades del ámbito sociosanitario por un importe global de 35.000 euros. Los beneficiarios son la Asociación Por Eles TEA, que recibe 4.564 euros para financiar el proyecto de campamento inclusivo para niños con TEA y dificultades de interacción social; la Asociación de Persoas con Discapacidade de Ourense (ADO), con una aportación de 15.000 euros para el programa de fomento y desarrollo de la autonomía dirigido a personas con discapacidad intelectual, y el Banco de Alimentos de Ourense, que dispondrá también de 15.000 euros para sufragar los gastos de su actividad de comedor.
También se aprobó el plan estratégico de subvenciones de la concejalía de Participación Ciudadana para el período 2021-2023, al que se destinan 250.000 euros en diferentes apartados: subvención de actividades, alquiler de locales, mobiliario y ayudas nominativas.
Reparación de varios viales por 1,6 millones
El gobierno local aprobó también los expedientes y pliegos para contratar varias obras en diferentes barrios de la ciudad, que suman 1,6 millones de euros. La relación de proyectos incluye la rehabilitación de firmes y mejora de aceras en Covadonga (568.154 euros), el acondicionamiento de la calle Vía Vella-Santa Ana do Pino (329.791), la renovación de pavimento, firme y alcantarillado en Ribeira de Canedo (268.450), y la mejora del Camiño da Pedreira, Seixalbo (126.577) y del tramo inicial del paseo fluvial de Oira, desde la calle Alfredo Brañas, camino de la playa y aparcamiento público, por importe de 298.579 euros. Cuatro sentencias y 16 comparecencias centraron el apartado de abogacía consistorial. Entre las resoluciones, destaca una del Contencioso-administrativo 2 de Ourense que dictamina que el Concello incumplió con la obligación de solicitar a los propietarios de un céntrico edificio (avenida de Pontevedra 10) el proyecto de demolición antes de acudir a la ejecución subsidiaria. El gobierno local acordó recurrir en apleación, ya que, asegura que cumplió esta condición “al tiempo de que un auto de otra sala dictase a favor de la ejecución de la sentencia original de demolición de parte del edificio”. Entre los procesos en los que deberá comparecer el Concello de Ourense, y de los que se dio cuenta ayer en la junta de gobierno local, se incluye el proceso contra el cese como asesor auxiliar político de un extrabajador municipal. Además, el CSIF ha presentado una contra la aprobación de las bases que rigen la convocatoria para el puesto de director general de Innovación, Tecnoloxía e Intelixencia Artificial.
