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Cinco años de la ‘Zamburiña’ y 62 días para que comience el juicio

La Audiencia Provincial mantiene el calendario y prevé celebrar en su sala habitual un mes de sesiones de vista oral contra cuatro agentes y nueve presuntos traficantes

La comisaría de la Policía Nacional de Ourense.   | // IÑAKI OSORIO

La comisaría de la Policía Nacional de Ourense. | // IÑAKI OSORIO

La operación ‘Zamburiña’ estaba programada para que estallara coincidiendo con el patrón de la Policía, los Ángeles Custodios, en los primeros días del mes de octubre de 2015. Esa era la intención de Asuntos Internos, pero el juez y el fiscal de Ourense recomendaron otro momento. El 10 de noviembre, agentes del grupo VI de la unidad secreta del cuerpo practicaron numerosas detenciones y registros en la ciudad, desarticulando a presuntos traficantes y a la anterior unidad antidroga de la comisaría. Fue uno de los primeros episodios de un proceso crítico en la Policía ourensana, al que sucedieron –en causas judiciales independientes y no conexas, según criterio de la Audiencia Provincial– la muerte de un agente en la comisaría, en abril de 2016, con una de las seis armas desaparecidas del búnker en 2014, y la detención en enero de 2018 de dos compañeros y amigos, investigados por el presunto crimen. Hoy se cumplen 5 años de la ‘Zamburiña’ y, dentro de 62 días, comienza el juicio. Nueve acusados de trapicheo y cuatro agentes a los que la Fiscalía culpa de darles protección a cambio de chivatazos se sentarán en el banquillo. La Audiencia Provincial mantiene el calendario inicialmente diseñado, con sesiones desde el 11 de enero a finales de febrero. También se mantiene, “por el momento, el espacio previsto”, la sala habitual del Pazo de Xustiza, ratificaron ayer las fuentes.

Estaban de servicio, vigilando un bar por sospechas de trapicheo, y recibieron una llamada de comisaría para que se presentaran. Al llegar, Asuntos Internos detuvo a dos de los cuatro policías antidroga investigados, comunicando la imputación de los otros dos. No les encontraron droga ni las armas desaparecidas ni indicios de soborno. En la causa cayeron varios presuntos traficantes. A la principal, J. P. G., alias Pucha, le decomisaron 6,2 kilos de cocaína, heroína o hachís en tres viviendas.

Las causas de la comisaría

La comisaría de una de las ciudades con el índice de criminalidad más bajo de España apareció bajo la lupa de la unidad secreta tras la recepción de un anónimo, en noviembre de 2014, que apuntaba a una supuesta mafia policial. Aludía a irregularidades con los confidentes, a una supuesta corrupción del grupo que lideraba el inspector antidroga –ya hacía operaciones en su anterior destino, en Seguridad Ciudadana – y a la sustracción de las pistolas y revólveres. En mayo de 2016, el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, reconocía la falta de conexión y separó ambas causas. La de las armas aún la instruye, más de seis años después, en un proceso separado en el que permanecen investigados los agentes gemelos Roy y Bernardo D. L., imputados a su vez por la magistrada Eva Armesto por la muerte del policía Celso B. A. La jueza, cuyas resoluciones avala el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –el TSXG rechazó la querella de los hermanos contra la instructora– cree que intentaron encubrir el robo de las pistolas y la autoría de los anónimos con el asesinato.

En la investigación de la ‘Zamburiña’, que los acusados discuten apreciando vicios de nulidad e incluso presuntas falsedades de los agentes instructores, una docena de policías de la comisaría llegaron a tener el móvil intervenido. Asuntos Internos iba y venía a hacer seguimientos a Ourense sin levantar sospechas.

Los cuatro policías acusados de proteger a nueve traficantes se sentarán en el banquillo por una supuesta “aquiescencia” con el trapicheo de sus confidentes. Los 13 encausados afrontan penas que suman en su conjunto casi 100 años de cárcel. Todos están en libertad provisional por estos hechos. La fiscal presentó en julio de 2019 su escrito de calificación. Pide 7 y medio para el exjefe antidroga, Antonio R.F., acusado de presuntos delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. Solicita para su compañero ya jubilado Felipe M.A. 7 años y 9 meses –añadiendo una acusación de tenencia ilícita de un arma que carecía de la guía obligatoria-–y para Herminia M. C.G., también retirada, 6 años y 3 meses. La petición para los tres policías incluye multa de 300.000 euros e inhabilitación absoluta durante 15 años, en el caso de Antonio R.F., y de 12 en el de los otros dos. El cuarto agente que irá a juicio es José A. R.F., acusado únicamente de una posible revelación de secretos por la que se enfrenta a una solicitud por parte de la Fiscalía de 5.400 euros y 2 años de inhabilitación.

La principal traficante implicada en esta causa, J. P.G., está acusada de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de una defensa eléctrica (catalogada como arma prohibida). La fiscal solicita para ella la pena más elevada: 13 años. Dice el juez Leonardo Álvarez en su auto definitivo de la instrucción que la encausada “se dedica al tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína, llegando incluso a vender cocaína a sabiendas de que la misma se encontraba en mal estado”. Presuntamente, lideraba uno de los dos grupos identificados en la trama, con el centro de operaciones en el barrio de Covadonga, estructura que completarían su pareja R. E. M. B.G., X. X. B.F. y J. V.V., el supuesto proveedor habitual. El segundo grupo, supuestamente encabezado según la investigación por J. R. R.R., estaría integrado por E. G.D., F. J. G. C. y M. F. G. M.

Según el instructor, el grupo de policías antidroga “no sólo se limitaba a no investigar a las personas protegidas, sino que además les llevaba a informarles de cualquier investigación que sobre ellos pudiesen estar llevando a cabo otras unidades de cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado”. Presuntamente “a sabiendas de que estas personas se dedican al tráfico de estupefacientes, no dirigen ninguna investigación sobre ellas, siempre a cambio de obtener información que les permitía completar con éxito operaciones contra personas que les hacían la competencia”.

Las defensas alegarán nulidad

Los agentes son muy críticos con Asuntos Internos. El exjefe antidroga considera que las pruebas contra él fueron fabricadas intencionalmente. Antonio R. F. cree que los gemelos entraron en los sistemas informáticos usando sus datos y de otros funcionarios para armar el anónimo con el que incriminarlo ante Asuntos Internos. De hecho, el policía pidió que se aclarase si esta unidad identificó la autoría del anónimo –según la UDEV de comisaría, con criterio contrario a Asuntos Internos, sus fuentes eran los gemelos-– así como las relaciones de enemistad o venganza entre compañeros que pudieron ser el móvil.

Más allá del fondo, la Audiencia resolverá si hay causas de nulidad, como invocan las defensas. Varias inciden en que el anónimo de noviembre de 2014 es una prueba ilícita que anularía todo lo que vino después, incluidas las escuchas. Este debate ocupará buena parte de las cuestiones previas, el primer bloque del juicio. Tras la primera semana para esta tarea, entre el 18 y el 21 de enero se practicará el interrogatorio de los 13 acusados. La prueba testifical comenzará el 25 y la pericial, el 10 de febrero. Tras la documental, programada para el 17, las conclusiones finales. Dos meses para empezar a juzgar un caso que eclosionó hace hoy 5 años.

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