El Penal 2 de Ourense juzga esta semana a una abogada acusada de un delito de deslealtad profesional. La Fiscalía pide 4.050 euros de multa, 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía y una indemnización de 3.000 euros a la perjudicada. En junio de 2008, a la denunciante le fue reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita para un procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales, siendo designada la letrada ahora acusada. Según la Fiscalía, desde la fecha de su designación y hasta el 7 de julio de 2016, no hizo trámite alguno, dando a la clienta pretextos sobre el retraso y llegando a requerir que le ingresase 636,80 euros. Además de la demora, la mujer tuvo que terminar contratando a un letrado. El Colegio de la Abogacía abrió expediente disciplinario a la acusada.
