El supuesto quebrantamiento de condena de un preso que no regresó tras un permiso de salida de la prisión de Pereiro era, en realidad, un crimen presuntamente cometido por dos hombres a los que conoció entre rejas. En diciembre de 2018, la Policía Judicial de Ourense de la Guardia Civil entró en una granja cercana a Bouzas, en el municipio de Maside, para registrar y remover cada metro cúbico de tierra en busca del cadáver del desaparecido, Fernando Iglesias Espiño, al que le quedaban poco más de dos años para saldar una condena de 25 por el triple asesinato de su mujer e hijos, perpetrado en Gran Canaria en 1996. En el registro, los agentes verificaron que en la explotación había un enganche ilegal a la luz. Uno de los dos presuntos homicidas, Francisco J. G. H., gestionaba el recinto avícola en régimen de alquiler. El cadáver no estaba allí –sí numerosos restos de pollos–, sino en un monte de A Senra (Piñor) propiedad de una familiar de este investigado, una localización que confesó a los agentes el otro, Óscar G. L. Ayer, el primero de ellos fue juzgado por el delito leve del aprovechamiento ilegal de luz en la explotación a la que Espiño iba a trabajar en el tercer grado. Francisco compareció ante Instrucción 1 de O Carballiño por videoconferencia, desde la prisión de A Lama. Admitió el delito leve de defraudación de fluido eléctrico y aceptó el pago de una multa de 120 euros, así como la devolución a la compañía eléctrica del importe que dejó de facturar por el consumo ilegal –457 euros– entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2018, cuando la Guardia Civil practicó las detenciones y registros por el crimen del preso.
La causa principal, la del presunto homicidio de Iglesias Espiño a manos de unos amigos a los que había conocido en prisión, un crimen para presuntamente robar el dinero que le quedaba de la herencia de su madre, está en los últimos trámites antes del juicio. La defensa de Francisco, que discute la fecha de la muerte e incluso que ocurriera en la granja, así como las ubicaciones del investigado, encargó un informe pericial de geolocalizaciones y la Policía Judicial elaboró un nuevo dictamen al respecto.
La ausencia de Iglesias Espiño, natural de Silleda (Pontevedra) y de 63 años, no era una fuga. No encajaba con su comportamiento en positivo en prisión, sin incidencias después de más de 80 permisos, ni con la proximidad de dejar cumplida la larga condena por el triple asesinato de su familia. El cadáver de la víctima fue enterrado en una fosa con agua de un monte de A Senra (Piñor), envuelto en plástico. La cabeza estaba rodeada por una bolsa atada. Presuntamente, según los investigadores, lo mataron el 11 de agosto de 2018 propinándole golpes en la cabeza en la granja de pollos de Maside regentada en alquiler por el investigado Francisco Javier G. H. Allí, Espiño iba a trabajar, a pasar el tiempo, a comer y dormir en sus permisos de salida del tercer grado.
Cuatro golpes en la cabeza
La autopsia descartó la presencia de fracturas o lesiones por arma blanca o de fuego. El estudio antropológico del forense señaló “al menos cuatro zonas de traumatismo contuso” en la cabeza. “No existen muchos elementos que nos ayuden a identificar el instrumento, pero las características inespecíficas hacen pensar que podría tratarse de un instrumento de cierta masa, sin filo y posiblemente sin bordes”. Las lesiones craneales de la víctima “son compatibles”, en opinión de los peritos judiciales, “con una barra de hierro o instrumento similar”.
La fase de instrucción contemplaba un presunto delito de homicidio, otro de tentativa –según los guardias, ya habían tratado de acabar con la víctima en un permiso de salida anterior, con un golpe en la cabeza–, así como robo. El delito leve de defraudación de fluido eléctrico, por el enganche ilegal, se separó de la causa principal y quedó resuelto ayer con la condena de conformidad y el reconocimiento de esos hechos en concreto –no así de su participación en el crimen– por parte de Francisco J. G. H.
La Policía Judicial de la Guardia Civil sostiene que el móvil de este crimen fue económico. Por eso denominaron el caso ‘Operación Avaro’. Entre el 11 y el 24 de agosto de 2018, los investigados presuntamente retiraron los fondos que le quedaban a Fernando Iglesias Espiño de la herencia de su madre. Había ingresado un total de 26.631,83 euros en el mes de julio de ese año. Según los agentes, los presuntos homicidas se apoderaron de 19.450 euros, todo lo que tenía la víctima tras la compra de un coche nuevo que apareció abandonado en Vigo. “Bueno, esto ya se terminó. No hay más que sacar”, escuchó supuestamente un testigo decir a Óscar, después de que extrajera los últimos 490 euros en un banco de Ribadavia. Una cámara de seguridad grabó cómo retiraba el efectivo el 24 de agosto. Los posicionamientos de los móviles –que la defensa rebate– sitúan a los investigados en los lugares del crimen y los cajeros, según el auto de prisión.
