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El Supremo impide a ediles tránsfugas asumir nuevos cargos ni mejorar sus retribuciones

Jácome se cuestiona, al amparo de esta sentencia, si Caride puede ser vicepresidente de la Diputación | Los servicios jurídicos del pazo provincial están estudian este nuevo fallo

A un concejal que esté en el grupo de no adscritos debido a un supuesto caso de transfuguismo o por haber sido expulsado del partido por el que fueron elegidos en las elecciones “se le impide que asuma cargos o que perciba retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas”.

Este fallo, emitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con un caso de transfuguismo ocurrido en Font de Figuera, un pequeño ayuntamiento de Valencia, tras las elecciones de 2015, y que se daba a conocer ayer, fue difundido con rapidez por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome en sus redes, al tiempo que pregunta si tras haber expulsado del grupo municipal de DO a cuatro de sus concejales críticos que lo denunciaron a los que ahora denomina “tránsfugas” pues los obliga a irse al grupo de no adscritos, sería lícito que Miguel Caride, uno esos ediles, tras perder cargos en el Concello, haya sido nombrado vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, cámara en la que además era ya también diputado.

Ayer. fuentes oficiales del pazo provincial señalaban que tras tener conocimiento de este fallo del Supremo, sus servicios jurídicos están estudiando el caso.

El grupo de ediles expulsados de DO, expulsión que han recurrido, no han querido posicionarse sobre este fallo del Supremo que sienta doctrina y cuyo fin es “disuadir del transfuguismo”, explica la Sala. No obstante fuentes próximas a los ediles críticos señalan que Telmo Ucha, uno de los tres concejales del microgobierno de Jácome, tomó posesión como edil no adscrito, pese a ser elegido por las siglas de DO, y acaba de asumir varias concejalías.

El galimatías legal está servido. Nadie quiere opinar a la espera de conocer más a fondo la sentencia en la que el Supremo interpreta el artículo 73.3.3º de dicha ley, en concreto, qué alcance tiene que los derechos económicos y políticos del concejal no adscrito no puedan ser superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia.

Puntualiza que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) “se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone a concejal no adscrito no pueden afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo”.

La Sala aplica esta interpretación a un caso de transfuguismo que se produjo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia). El ayuntamiento de Font de Figueras cuenta con once concejales, incluido el alcalde. En las elecciones municipales de mayo de 2015 el PP obtuvo cinco concejales, tres Compromís, dos el PSPV-PSOE y uno Ciudadanos, en concreto Purificación Lluch Sanz. Doña María José Penadés Ballester, cabeza de lista de la candidatura del PP, fue la demandante en primera instancia, recurrida en apelación y ahora en casación del caso de transfuguismo

El 13 de junio de 2015 se celebró la sesión constitutiva de aquel ayuntamiento, La votación para la elección de alcalde fue secreta y Purificación Lluch Sanz (la edil de Cs) votó a favor de esa modalidad de votación. María José Penadés Ballester (PP) obtuvo cinco votos –los de su partido– y seis votos el candidato de Compromís, Vicente Muñoz, esto es, tres de su partido, dos del PSPV-PSOE y el de Purificación Lluch Sanz, la edil de Cs.

Esta última, en junio de 2015 comunicó su salida del partido Cs, pidió el pase a concejal no adscrita y así se acordó en el Pleno de 29 de junio de 2015.

Por decretos del Alcalde de 24 de junio y acuerdo del Pleno del 29 siguiente, recibió una larga lista de cargos, incluido el de teniente de alcalde del nuevo gobierno, varios remunerados. Todos esos nombramientos fueron impugnados por la candidata más votada, la del PP.

Lo litigioso en la instancia se centró en esa interpretación del artículo 73.3.3º de la Ley LRBRL, tal precepto prevé que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación”, dice el Supremo.

Hoy se cumplen dos meses del inicio de la peor crisis de la historia municipal

Hoy se cumplen dos meses del inicio de la crisis municipal más convulsa de la historia del Concello de Ourense, que ha derivado en la actualidad en un gobierno de solo 3 concejales de 27 y el resto en contra. La primera sacudida se produjo el 28 de agosto cuando 5 concejales de los 7 de Democracia Ourensana, el partido del alcalde, denunciaron a este en Fiscalía por supuesto desvío de los fondos del partido a una cuenta personal. Luego vendría la denuncia de uno de los asesores del alcalde en el Concello destapando supuestas “mordidas” de hasta 60% del sueldo, que les pedía el regidor como donación para DO. El 8 de septiembre, ante la falta de explicaciones del alcalde a las acusaciones que se le hacían, el PP rompía el pacto de gobierno con DO en el Concello, pacto que había permitido a Jácome ser alcalde. Como respuesta, ese mismo día el regidor inicia el cese de competencias de sus ediles díscolos y posteriormente de asesores que él creía implicados en la “trama”. Como uno de los 5 ediles de DO que firmaron la denuncia en Fiscalía dejó su escaño de inmediato. Jácome se quedaba con 4 críticos en su bancada y solo un afín, Armando Ojea. Una moción aprobada el 11 de septiembre por 24 de 26 ediles pedían la dimisión del alcalde. Pese a ser acorralado siguió adelante. El 23 de septiembre Telmo Ucha tomaba posesión como edil no adscrito y permitía a Jácome oxígeno para poder convocar juntas de Gobierno. El 30 de septiembre sorprendía a todos con un decreto de reparto de todas las concejalías entre tres ediles. El 21 de octubre anunció la expulsión de sus ediles críticos. Sesenta y dos días después la incertidumbre continúa, pues los intentos de presentarle una moción no han prosperado.

Cs urge a PP y PSOE una moción en Ourense o hará su propia propuesta

El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Concello, José Araújo, partido que ha trabajado como mediador para que PP y PSOE firmen una moción que garantice un gobierno de mayoría en el Concello de Ourense, señaló que da un plazo de una semana y si no lo consiguen “daremos a conocer una comisión que supondría un respaldo histórico en cuanto a gobernabilidad”, aunque no quiso avanzar de qué se trata. Afirma que no ve avances en las negociaciones e invita ya a PP y PSOE a nombrar una comisión negociadora y elegir los interlocutores válidos para tomar decisiones”, respecto a esa moción. “No basta con que dos personas se sienten a tomar café”, señaló.

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