El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, denuncia “graves irregularidades” que el anterior grupo de gobierno del BNG cometieron en el ámbito del transporte municipal”. Tras consultar al Servizo de Mobilidade de la Consellería de Infraestruturas para conocer la situación administrativa del servicio de `Castrelo Bus´, recibió como respuesta de que no constaba ninguna solicitud del concello a tal efecto, ni se iniciara ningún expediente para la coordinación de competencias ante el establecimiento o la ampliación de servicios urbanos colectivos. Ante ello, estudia la posibilidad de iniciar medidas legales contra los anteriores gestores.
Pero a mayores, en dicho informe también se indica que no constaba tampoco la comunicación previa para el establecimiento de nuevos servicios locales. Pazos manifiesta su intención de llegar “hasta donde haga falta para delimitar la responsabilidad de cada quien” ya que dice “pusieron en riesgo la integridad de todos los vecinos del concello, sobre todo de los niños y los mayores”.
Explica que este servicio estuvo funcionando sin ninguna cobertura legal, prestado mayoritariamente por voluntarios de Protección Civil que cobraban una asignación fija por hora, no sometida a la normativa fiscal vigente. Y desde 2011 cuando se inició el expediente de la ordenanza reguladora del precio público del transporte municipal, el informe de secretaría-intervención “ya advertía que no se cumplían los requisitos necesarios”, y en 2014 otro informe concluyó en “reparo suspensivo sobre la aprobación y pago de estos gastos y futuros a los miembros de protección civil, basándose en un remanente de tesorería negativo, incumpliendo el plan de ajuste, ....”, y sin plan económico financiero y un déficit importante en un servicio “para el que no se tramitó el expediente de municipalización”. Este reparo dice fue levantado siendo alcalde Xurxo Rodríguez y firmado por delegación por el teniente de alcalde Alfredo Fernández.
Ante este “despropósito de situación” dice “no tuvimos más remedio que cancelar provisionalmente el servicio en busca de soluciones legales que lo amparen”, y Pazos inició negociaciones con el sector del taxi de Castrelo para hallar alternativas que permitan renovarlo y acabar “con la competencia desleal que venían sufriendo los profesionales de este sector”.
