"La investigación continúa avanzando y se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones, teniendo en cuenta que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación en que se encontraba el material siniestrado". Con esta respuesta parlamentaria, el Gobierno sugiere que la retirada de los vagones, arrojando dos de ellos ladera abajo -uno quedó suspendido en el desnivel y otro llegó a entrar en contacto con el cauce del río Sil-, tras quedar depositados sobre la vía después del descarrilamiento sin heridos de un tren de mercancías a finales de julio cerca de la estación de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), fue la maniobra adoptada para evitar peligro para los operarios. El Ejecutivo subraya que "no se ha producido ningún tipo de filtración al medio ambiente" y Adif aún no ha resuelto su investigación interna para depurar responsabilidades. La magistrada de Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras, Nuria Valladares, mantiene diligencias abiertas para esclarecer el suceso y ver si tiene relevancia penal por un posible delito medioambiental. Antes, la Fiscalía de Ourense abrió diligencias de oficio, que se unifican.

Por estos hechos, que causaron indignación tras la difusión de varios vídeos en las redes sociales en los que se aprecia incluso cómo una pala vuelca el que terminó en el cauce tras caer ladera abajo, tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tramitaron sendos expedientes sancionadores contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El gobierno autonómico, que envió sendas cartas a los ministros de Transportes y de Transición Ecológica exigiendo que se depuraran responsabilidades, propuso una multa de 35.000 euros, por una falta grave en materia de gestión de residuos, mientras que la Hidrográfica estableció una cuantía en 50.000 euros. Son resoluciones no firmes contras las que cabía recurso por parte de Adif, que formuló alegaciones. En una visita a la zona, la presidenta de este organismo, Isabel Pardo de Vera, lamentó "profundamente lo sucedido" y afirmó comprender la indignación. El Gobierno manifiesta ahora que la protección del medio ambiente "es uno de los valores estratégicos" de Adif.

Ve "mínimo" el impacto fluvial

En una respuesta de fecha 2 de octubre a una pregunta formulada el 12 de agosto por los parlamentarios de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino y Juan Antonio López de Uralde, el Gobierno sostiene que "la operación de retirada de los vagones, que se inició el pasado 5 de agosto, fue ejecutada adoptando todas las medidas necesarias de protección del medio ambiente y de prevención de riesgos laborales". El Ejecutivo indica que "se ha podido comprobar que las cajas de grasa de los vagones no han sufrido daño o desperfecto alguno, por lo que no se ha producido ningún tipo de filtración al medio ambiente". Añade que, según el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), "el impacto en el lecho fluvial ha sido mínimo".

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Los vagones del tren descarrillado en Ourense acaban en el río Sil

Los vagones del tren descarrillado en Ourense acaban en el río Sil

El administrador ferroviario "analizará y promoverá, con la supervisión y aprobación de la CHMS, las medidas de restauración del entorno necesarias para su completa recuperación al estado previo al descarrilamiento", que tuvo lugar el 28 de julio, de un convoy de mercancías que se dirigía vacío a Toral de los Vados (León), formado por 25 vagones, de los que descarrilaron 11. El tráfico ferroviario tuvo que ser cortado. Siete fueron retirados horas después, mientras que otros cuatro vagones quedaron en la zona. El 2 de agosto dos fueron empujados desde la vía, de la manera tan controvertida. Uno fue arrojado al río y el otro quedó en la pendiente. Tras los hechos, Adif emitió un comunicado en el que aseguraba: "En las labores de encarrilamiento, en las que colaboraba Renfe, era necesario apartar cuatro vagones para reparar la vía. Dada la complicada accesibilidad de la zona y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, se trataba de una condición indispensable previa para situar una grúa ferroviaria en paralelo a los vagones y suspenderlos para encarrilarlos". Su versión es que durante las maniobras, "un vagón se pudo desplazar correctamente" mientras que el segundo "se precipitó" al cauce.

En paralelo a la causa judicial, el Gobierno indica que Adif "está analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante la retirada del material descarrilado, en las que también participó Renfe, a través de Renfe Mercancías, como titular del tren, y a través de la empresa Renfe Fabricación y Mantenimiento, que realizó las labores materiales de encarrilamiento del tren". Cuando dicha investigación interna dé resultados, "una vez se disponga de todos los datos, se determinarán, en su caso, las responsabilidades pertinentes. Además, Adif promoverá una revisión de sus protocolos para reforzar y mejorar todos los controles y que esta situación no vuelva a repetirse. Asimismo, se van a reforzar los protocolos que tiene Adif con el resto de operadores ferroviarios", promete el Gobierno. El administrador espera que los procedimientos abiertos, también en la vía judicial, "se resuelvan lo antes posible y que se valore positivamente la rápida y adecuada acción para revertir los efectos de la caída de los vagones".

Seguros de responsabilidad

Por último, el Gobierno señala que "se está analizando proponer al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una modificación normativa que suponga un cambio en las condiciones en que los operadores ferroviarios presten su servicio, para que sea más respetuoso con el medio ambiente, y que exista una cobertura específica con un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que puedan ocasionar los operadores ferroviarios".