Los 115.000 vecinos que residen en el municipio de Ourense y el limítrofe de Barbadás tienen que justificar, desde esta pasada medianoche, sus razones para poder entrar y salir de los dos ayuntamientos. Se permite el paso por motivos laborales, educativos y sanitarios; de retorno a la residencia habitual así como para el cuidado y asistencia de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables. También es posible acceder o abandonar los dos municipios confinados para hacer trámites administrativos "inaplazables", por actuaciones requeridas o urgentes ante órganos públicos, judiciales o notariales; además de por causa mayor o situación de necesidad. Cada conductor deberá exponer su caso al agente, que valorará si procede permitir el paso o bien proponer una sanción.
Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local cooperan en los dispositivos de vigilancia de la movilidad, restringida para frenar la expansión del virus debido a la elevada incidencia en la capital, donde la tasa acumulada en catorce días -uno de los parámetros que sirven para valorar la gravedad de la pandemia en un territorio- sobrepasa los 400 casos por 100.000 habitantes.
Las patrullas hicieron labores informativas en las horas previas a la entrada en vigor de la medida. Los mandos de los tres cuerpos de seguridad mantuvieron reuniones para diseñar cómo organizar puntos de comprobación en diferentes carreteras de los municipios de Ourense y Barbadás.
La Subdelegación del Gobierno constituyó ayer al Centro de Coordinación (Cecor), cuyo objetivo es "la comunicación y la coordinación permanente con las autoridades designadas al efecto por la Xunta". El subdelegado, Emilio González, pide responsabilidad individual. "Aún queda mucha lucha contra la Covid-19, no podemos relajarnos".
