El polígono industrial de San Cibrao das Viñas, el motor económico de la provincia de Ourense -con un área total de 4.800.000 metros cuadrados, cuenta con más de 400 empresas y 8.000 trabajadores-, considera necesarias más mejoras tras conseguir el ansiado enlace con la autovía A-52, puesto en marcha a mediados de septiembre. La junta directiva de la asociación de empresarios ha convocado su asamblea anual, que será telemática, para el próximo 22 de octubre. Además convocará la mesa 'Ourense Industrial' para seguir diseñando su futuro. Una vez inaugurado el acceso de la A-52, las prioridades son que se extienda desde la carretera nacional hasta el Parque Tecnológico, así como ampliar el polígono.
El órgano directivo ha decidido suspender todos los actos programados para la celebración del 40 aniversario de la asociación. Ya al comienzo de la crisis sanitaria había acordado aplazar los programados para los dos primeros trimestres del año, a la espera de la evolución de la pandemia. Ante el empeoramiento de la crisis, con el alza de casos e incidencia acumulada en Ourense, se opta por suspenderlos definitivamente, sin descartar la recuperación de alguno de los previstos en cuanto se recupere la normalidad.
La mesa 'Ourense Industrial' servirá para hacer un seguimiento de las demandas y proyectos en marcha. Las reuniones serán temáticas y solo participarán las administraciones directamente implicadas.
Una vez inaugurado el acceso desde la autovía, las prioridades de los empresarios de San Cibrao pasan ahora por su prolongación hasta el Parque Tecnológico, circunvalando el área industrial, así como por la ampliación del propio polígono, que serán los temas a estudio en la primera reunión de la mesa.
El presidente de la asociación, José Antonio Rodríguez, muestra su satisfacción por el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la prórroga de los ERTE, pues entiende que son una herramienta útil para contener una parte de los efectos negativos que la pandemia causa en la economía. En cualquier caso, insistió en que las mercantiles siguen necesitando liquidez para aguantar los embates de una crisis de consecuencias impredecibles y para mantener los puestos de trabajo, contrarrestando así el riesgo de entrar en una crisis de solvencia que resultaría "demoledora" para las empresas y el empleo.
