Antonio Piña Alonso pasa las vacaciones de agosto en su localidad, Tui (Pontevedra), donde nació en 1965. El magistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Ourense desde diciembre de 2014 -sigue en funciones, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial se renueve y resuelva este y otros nombramientos, al que también opta la magistrada Ana Blanco-, fue juez decano de Ourense desde 2005 a 2014. Forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desde hace 16 años, un periodo en el que siempre ha integrado la comisión permanente. Desde 2009, también forma parte de la comisión mixta entre el TSXG y la Xunta. Piña ha sido presidente de la APM en Galicia y secretario general a nivel nacional de esta asociación, la mayoritaria en la carrera judicial. Además es miembro del grupo de expertos del 'Programa Glacy+, Acción Extendida sobre Cibercrimen e implantación del Convenio de Budapest', del Consejo de Europa.

- ¿Qué opina de que entre el 11 y 31 de agosto sea periodo hábil para plazos y vistas? ¿Servirá en la práctica para agilizar la justicia?

- La administración de justicia la integran no solo los jueces y funcionarios que la sirven, sino también el conjunto de operadores jurídicos que interaccionan con ella. La adopción de cualquier medida organizativa debe adoptarse teniendo en cuenta la incidencia que puede producir en este conjunto. La justicia se agiliza agotando las semanas previas y las posteriores a las vacaciones, y dejando el mes de agosto como un mes inhábil. En el que, como acordó el presidente del TSXG, deben generalizarse las vacaciones de jueces y personal.

- ¿Qué efecto ha causado el parón de la administración judicial durante el estado de alarma, por causa de la Covid? ¿Tardará en recuperarse el ritmo previo en la justicia ourensana?

- Debe examinarse teniendo en cuenta que fue acompañado de un cierre económico, de un periodo de inactividad que afectó a todos los sectores y con ello, también a la abogacía. Los despachos tuvieron menos entrada de asuntos, lo que produjo un efecto reflejo en la entrada en los juzgados. Por lo tanto, fue un lapso temporal que, al afectar a todo, causó menos efectos que el generado, por ejemplo, con la huelga de los funcionarios.

- ¿Qué jurisdicciones pueden verse más afectadas por la crisis?

- Espero y deseo que podamos tener una recuperación económica en V y que, de producirse una crisis económica, afecte al menor número de empresas y trabajadores. Las estimaciones que tenemos, desgraciadamente, no van en ese sentido, y parece que los meses de octubre y noviembre provocarán un incremento muy notable en la jurisdicción laboral y en la mercantil. Los problemas económicos vienen acompañados de problemas familiares y, si a eso unimos los que arrastramos derivados del confinamiento, esperamos también un aumento en familia.

- Según su experiencia, ¿cree que la crisis pos-Covid puede propiciar un aumento de la delincuencia?

- En el ámbito penal, hemos notado un descenso de la delincuencia durante el periodo de confinamiento y posterior, pero es evidente que si se avecina una dura crisis económica acaba afectando a todas las jurisdicciones, y se producirá un incremento de la delincuencia.

- ¿Qué valoración hace sobre decisiones judiciales que revocan medidas restrictivas de la administración durante los rebrotes?

- Los jueces tenemos que tomar las decisiones con arreglo a las leyes y a la normativa vigente, la ideología no puede estar presente en las decisiones que se adopten. Es muy difícil interpretar estas decisiones sin pensar en un sesgo ideológico, lo que provoca cierta desazón en la ciudadanía. Yo animaría a que se lean y analicen las resoluciones desde el ámbito jurídico, y se realice la critica desde esta perspectiva.

- ¿Cree que habrá pleitos en el contencioso contra las multas por no llevar mascarilla, y tienen algún viso de prosperar? ¿Le consta que se hayan registrado casos de esa índole en Ourense contra las sanciones del estado de alarma?

- Me consta que se han planteado demandas sobre las sanciones impuestas durante el confinamiento, y aunque no he seguido el sentido de las sentencias que han recaído, soy conocedor del posicionamiento de la Abogacía del Estado y de diversos tribunales que cuestionaban el marco regulatorio que se empleó para imponerlas, y con ello su viabilidad jurídica. Sobre la imposición de multas por no llevar mascarillas, no tengo aún noticia de ninguna demanda.

- ¿Confía en que se pueda mantener la actividad durante otoño e invierno, con normalidad, con las medidas que se implantaron en mayo? ¿Considera que el CGPJ y el TSXG han actuado de forma adecuada para garantizar el servicio?

- La Sala de Gobierno del TSXG, a instancias del presidente, no solo no ha interrumpido sino que ha incrementado exponencialmente sus reuniones durante el confinamiento, tratando de buscar un marco que permitiese el funcionamiento de los juzgados y, al mismo tiempo y sobre todo, velar por la salud de quienes trabajan y acuden a las sedes judiciales. Se elaboró una guía de actuación y, posteriormente, otra recogiendo las medidas sanitarias necesarias para garantizar la salud y el mantenimiento del trabajo. Desde esa perspectiva, seguiremos trabajando, buscando operatividad y salud para quienes acuden a los juzgados.

- ¿No debería impulsarse más el expediente digital e incluso el teletrabajo? ¿Debería dar esta situación de pandemia el empujón definitivo para hacer más digital la justicia?

- Los jueces y magistrados gallegos tenemos acceso desde nuestro domicilio a instrumentos como el Visor, el Portafirmas o el Escritorio Virtual, que permiten acceder a la totalidad de los procedimientos que se llevan en los juzgados, lo que nos permite teletrabajar desde nuestras casas disponiendo de todos los medios. Los índices de acceso a estos instrumentos por parte de la plantilla de jueces rozan los de la totalidad. El acceso de los funcionarios se ha ido incrementando paulatinamente, pero sí que nos encontramos con los problemas derivados de no haberse producido una digitalización completa de todos los juzgados, conviviendo papel y digital, lo que supone un obstáculo para poder teletrabajar.

- Como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, ¿tiene Ourense alguna necesidad nueva en lo que respecta a planta judicial, o dependerá de cómo impacte la era pos-Covid en la litigiosidad?

- Nosotros siempre estamos dispuestos a plantear nuevas necesidades que permitan mejorar la planta judicial, para con ello hacer una justicia más ágil. Pero las decisiones sobre planta deben tomarse a nivel gallego y a veces las necesidades sobrepasan a las propias, y hay que esperar a mejores tiempos. Sería interesante la creación de una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia, así como la creación de un nuevo juzgado civil que permitiese al Juzgado de Familia convertirse en un juzgado de Familia puro.

- La designación de nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Provincial se ha aplazado ya en dos ocasiones. ¿Saben ya cuándo se puede producir?

- A día de hoy no conozco cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Por las informaciones periodísticas, parece deducirse que no se va a producir de forma inminente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si esto se consolida, creo que volverá a realizar nombramientos en septiembre u octubre, y por lo tanto, en uno de esos meses espero que resuelvan la cobertura de la plaza.