Hace más de cuatro años y tres meses que la magistrada Eva Armesto, titular del juzgado de Instrucción 3 de Ourense, investiga la muerte en la comisaría de Ourense, por un disparo en la cabeza, del policía Celso B. A. Durante casi dos años mantuvo el secreto de sumario. Distintas unidades de la propia Policía discrepan sobre la causa del fallecimiento. Asuntos Internos considera que fue un suicidio, mientras que la UDEV de la Policía Judicial local asegura que fue un crimen. Es lo que también sospecha la jueza. La hipótesis con la que trabaja es que los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. mataron presuntamente a su compañero, el 9 de abril de 2016, para que no se descubriera su implicación en el robo de armas del búnker de la comisaría y la elaboración de anónimos remitidos a Asuntos Internos y la prensa, en noviembre de 2014 y febrero de 2015, respectivamente. En cambio, la Fiscalía no ve pruebas concluyentes de que se tratara de un crimen y, al igual que la defensa -aunque esta parte, en dos ocasiones-, solicitó el sobreseimiento de la causa. La Audiencia Provincial rechazó el archivo provisional porque quedan diligencias pendientes, aunque también descartó que la instrucción se dilate más. En los últimos días, la jueza Armesto ha acordado nuevas pruebas. Entre otras, requiere una nueva recreación sobre la muerte del policía.

Ya en enero de 2018, especialistas del departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargaron de elaborar una infografía 3D y un posterior dictamen, utilizando cálculos a escala, fotografías de la escena e informes de la causa para simular, en un entorno virtual, qué pudo pasar en el despacho de la quinta planta de la comisaría de Ourense donde Celso B. A. fue hallado sin vida, muerto de un disparo con una de las seis armas robadas del búnker (otras dos fueron localizadas en esa misma dependencia policial).

Los investigadores del instituto armado concluyeron que el funcionario se encontraba sentado en el momento del disparo y que el cuerpo se deslizó hacia el suelo, desplazando la silla, lo que para la defensa resulta compatible con que se tratara de un suicidio. Pero a la magistrada, le escama que el cuerpo no tuviera golpes de caídas, que apareciera como colocado. Sospecha que el cuerpo pudo ser sostenido y colocado en el suelo por el presunto asesino. Eva Armesto recurre ahora a la Comisaría General de Policía Científica para que haga la nueva recreación, que incluye la toma de las medidas del despacho a fin de explicar la situación final del cadáver, y si es compatible con un crimen o un suicidio. Es una reconstrucción de hechos con infografía forense, con un escaneado preciso de la escena

Con el pago de una fianza de 3.000 euros, la instructora decidió admitir como acción popular en esta causa a Antonio R. F. , exjefe antidroga de la Policía Nacional de Ourense y uno de los cuatro agentes que irán a juicio en enero acusados, en la Zamburiña, por una presunta protección a una serie de traficantes a cambio de chivatazos. Este policía ya se había personado como acusación particular -condición que tiene la familia del fallecido-, pero la Audiencia Provincial lo expulsó al considerar que no era parte perjudicada por los hechos que se investigan.

Sin embargo, Antonio R. F. sostiene -y será una de las líneas de su defensa en su juicio-, que los gemelos usaron sus claves y las de otros agentes para fabricar supuestas pruebas falsas y dar apariencia de veracidad al anónimo remitido en noviembre de 2014 a Asuntos Internos, que puso a la comisaría de Ourense en el foco. En aquel escrito se apuntaba a la existencia de una trama de corrupción en comisaría y relacionaba el robo de las armas con asuntos de drogas, cuestiones inciertas. De hecho el propio juez que instruyó la Zamburiña desligó la sustracción de las pistolas y revólveres de la causa contra los agentes y los presuntos traficantes. Antonio R. F. solicitó en su día que se aclarase si Asuntos Internos identificó la autoría del anónimo -según la comisaría sus fuentes eran los gemelos-, así como las relaciones de enemistad o venganza entre compañeros que pudieron ser el móvil.

Tanto la defensa como la Fiscalía han recurrido la admisión del exjefe antidroga como acción popular en el procedimiento de Instrucción 3. Ser parte en un proceso que no está bajo secreto de actuaciones da acceso a todas las diligencias practicadas y, permite, además, instar la realización de nuevas pruebas, así como solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento. Con el regreso a la causa, Antonio R. F. dispondrá de información cuyo uso podrá valorar en el juicio de la Zamburiña, siempre que el tribunal vea pertinente su incorporación. El abogado de los gemelos, Neil González, considera que la presencia de Antonio R. F. en la causa contra los gemelos por el presunto asesinato o suicidio de su compañero Celso B. A. "es totalmente contraria derecho al tratarse de una utilización espuria del ejercicio de la acusación popular".