La denuncia interpuesta por Xosé Bernárdez, miembro de Vellez Digna (colectivo que se integra dentro de la Federación Gallega de Usuarios y Familiares de Residencias) contra "los propietarios, gestores y directivos" de 42 centros de personas mayores, entre ellos 13 de la provincia de Ourense, tuvo como resultado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior de Galicia que derivó la investigación a las sedes territoriales. Así pues la Fiscalía de Ourense empezó a tomar declaración a las trabajadoras (personal fijo como eventual) de la Residencia San Carlos de Celanova para dilucidar si las once muertes que sufrió el geriátrico durante el tiempo de pandemia "se podrían considerar muertes por imprudencia o negligencia y pasa a ser directamente homicidio". El demandante alega que "los propietarios de las residencias no socorrieron a los residentes que se encontraron desamparados y el no hacerlo les puso en peligro manifiesto y grave".
