Pedro Rabanal: "La justicia no está sana pero la herida del Covid estará cicatrizada en pocos meses"

- El pasado lunes se celebró en Vigo, en un juzgado social, la primera vista 100% telemática de Galicia. ¿Cree que este tipo de actuaciones deberían ser la norma a partir de ahora?

- Las actuaciones telemáticas deberían potenciarse y promocionarse, pero no pueden convertirse en norma, ya que precisamente para ello sería necesario una "norma", es decir, modificaciones legales, porque no se pueden imponer a las partes y representaciones letradas. No obstante, se pueden promocionar, aunque están condicionadas a los escasos medios de la justicia. Por ejemplo, en Ourense hay 18 juzgados en el nuevo edificio pero solo 8 aparatos de videoconferencia, 4 fijos y 4 móviles. También requiere el desarrollo del expediente digital, muy escaso aún, así como la colaboración de todos los implicados.

- ¿Hay medios de protección suficientes para trabajar en el juzgado?

-Partiendo de que la protección absoluta es imposible y de que la mejora siempre es posible, en mi opinión se puede empezar a trabajar. Con las medidas comunes por todos conocidas, higiene personal (geles hidroalcohólicos en manos) y de mobiliario, mascarillas y distancia entre personas, creo que sería posible celebrar juicios. Ciertamente, es necesario restringir el acceso a las instalaciones precisamente para poder mantener la distancia de seguridad, de modo que solo acuda quien es necesario que lo haga, pero entiendo posible y necesario reanudar la actividad cuanto antes, aunque sea con esas restricciones.

- ¿Qué efectos cree que tendrá en la jurisdicción social la crisis económica que se avecina después de la emergencia sanitaria? ¿Esperan una avalancha de reclamaciones por ERTE o despidos? ¿Será necesaria una especial protección de derechos?

- Es difícil saber qué efectos tendrá en la jurisdicción social, más allá de prever que, obviamente, existirá un incremento de asuntos relacionados con las pérdidas de empleo que ha provocado y provocará la crisis y sus consecuencias concomitantes en materia de prestaciones de Seguridad Social, como el desempleo. La dimensión de ese incremento dependerá mucho del tejido productivo de cada lugar. Parece probable el incremento de procesos por despido y los relativos a los ERTE, pero sobre esto no hay mucha información respecto de cómo están funcionando estos expedientes, si se están acordando o imponiendo unilateralmente por la empresa, y si el servicio público de empleo está concediendo o no las prestaciones por desempleo, datos todos ellos que condicionan la litigiosidad.

Hoy mismo [por el miércoles], el Diario Oficial de la Unión Europea publica el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de Covid-19. Se prevé que inyectará una considerable cantidad de dinero para el pago de las prestaciones, lo que, si se gestiona como es de esperar, contribuirá a minimizar los casos litigiosos en materia de desempleo.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, su protección especial es la que les concede el Derecho del Trabajo, sin que desde los tribunales pueda otorgarse más que lo que está previsto en la ley. El problema no es tanto el incremento que se produzca, sino que lo haga sobre una jurisdicción que ya estaba saturada antes de esta crisis.

- ¿Qué consecuencias ha tenido, en cuanto a sobrecarga y pendencia, este estado de alarma, con actuaciones solo esenciales y urgentes, y plazos suspendidos hasta el 4 de junio?

-Ha sido un período de paralización casi total de la actividad y, por lo tanto, casi todos los asuntos en trámite en los juzgados a 15 de marzo se han quedado como estaban en esa fecha, de modo que cuando se reanude la actividad, todos esos asuntos, si aún no se había celebrado el juicio, habrán de ser reasignados. Por lo tanto, los que entren nuevos y los que han entrado desde entonces -porque la admisión de escritos y demandas se permitió después de la declaración del estado de alarma- habrán de ser también postergados. En definitiva, la pendencia aumentará tanto como dure esta situación, a lo que ha de unirse que la paralización provocará, cuando termine, una sobrecarga de trabajo que también incidirá en un retraso resolutivo.

No obstante, en Galicia contamos con la experiencia de la huelga de los funcionarios del año 2018, que duró casi cuatro meses y que supuso una paralización similar a la actual. Y con voluntad y trabajo fuimos capaces de reponernos. El problema de la justicia no es coyuntural sino de falta de medios humanos y materiales, de modo que no hay que ser excesivamente catastrofista en relación con esta crisis concreta. Si la máquina comienza a funcionar de nuevo, en unos pocos meses la herida del Covid en la justicia estará cicatrizada, lo que no quiere decir que la justicia esté sana, porque la enfermedad, como digo, es otra. Por eso, en mi opinión, no hacen falta grandes planes ni medidas de recuperación. Lo que hace falta es volver a trabajar a pleno rendimiento cuanto antes, y después, que se aborden los problemas estructurales y no coyunturales de la justicia.

- ¿En qué se ha traducido el parón de la actividad en su juzgado?

- Se están tramitando, por imperativo legal, solo los procedimientos descritos en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es decir, muy pocos. En el juzgado en el que sirvo, desde la declaración del estado de alarma se han celebrado tres juicios y una audiencia preliminar. Y desde que se permitió la presentación de escritos, se están admitiendo y minutando, pero no resulta posible tramitarlos ni señalar para juicio las nuevas demandas porque la actividad y los plazos están suspendidos, y no sabemos cuando se podrán celebrar nuevos juicios, a la espera de que se levanten las restricciones y el cómputo de plazos. Para hacerse una idea de la magnitud del parón, piénsese que en el juzgado en el que sirvo se señalan ordinariamente veintiséis juicios a la semana.