Casi 3 meses se ha retrasado el señalamiento de juicio contra 4 policías antidroga de Ourense acusados de proteger a 9 presuntos traficantes a cambio de información. La causa ha sido la recusación planteada por la Fiscalía contra la magistrada ponente, la integrante de la Audiencia Provincial encargada de señalar la fecha de juicio y de autorizar la prueba propuesta por las partes. La jueza Ana Blanco rechazó que existiera una supuesta parcialidad que apreciaba la fiscal, Pilar Manso. El incidente pasó a la sección civil de la Audiencia y la magistrada instructora de esta cuestión, María José Movilla, dice que en efecto no existe causa de recusación. Según resuelve la magistrada Movilla de la Audiencia civil de Ourense, "por lo expuesto y ante la falta de cualquier principio de prueba documental que avale la causa de recusación invocada procede la inadmisión de la presente recusación".
Resuelto el trámite, el sumario vuelve a manos de la ponente para que señale la vista. Se prevén varios días, e incluso semanas, por la cantidad de investigados y la importancia de las cuestiones previas, una fase del juicio en la que las defensas pedirán la nulidad de la conocida como Zamburiña. En un escrito de 14 de noviembre, el ministerio público alegaba una supuesta pérdida de imparcialidad basada en que la jueza formó parte de la sala que rechazó los recursos de apelación, ratificando la instrucción de la causa llevada a cabo por el juez Leonardo Álvarez. La magistrada calificó de "genérica" la recusación formulada por la Fiscalía, "sin poner de manifiesto ni una sola de las expresiones, motivaciones o argumentaciones del auto de desestimación de los recursos de apelación que evidencien ese prejuicio, ese contacto con el objeto del proceso que cuestione su imparcialidad (...) La imparcialidad se presume por regla general y la parcialidad ha de ser probada".
La Audiencia Provincial considera que procede "rechazar de plano el incidente de recusación planteado por el fiscal en atención a lo categóricamente establecido" en la normativa, "toda vez que no se aporta con el escrito presentado ni se señala, siquiera por vía de remisión por la parte recusante, el documento constitutivo de su pretensión recusatoria ni se acompaña principio de prueba sobre el motivo invocado". La sala concluye que no se vulnera el derecho a un juez imparcial, "no quedando mermada la exigida imparcialidad en la instrucción de la causa, ni por tanto para el apartamiento del procedimiento del magistrado recusado, máxime teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales son susceptibles de los recursos que establece la ley, y por tanto sometidas al control y revisión del órgano judicial superior, que siempre podrá corregir cualquier irregularidad o infracción procesal".
Altas peticiones de prisión
Los 13 acusados de la Zamburiña se exponen a penas que suman casi 100 años. La fiscal pide 7 y medio para el exjefe antidroga, Antonio R.F.. Para su compañero ya jubilado Felipe M.A. 7 años y 9 meses y para Herminia M. C.G., 6 años y 3 meses. El cuarto agente que irá a juicio es José A. R.F., que se enfrenta a 5.400 euros de multa. Entre los presuntos traficantes, la principal es Josefa P.G., Pucha. La fiscal solicita la mayor pena para esta encausada: 13 años de cárcel.
