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La Audiencia busca a un luso que trató de sobornar a un agente tras sancionarlo

El ente judicial emite una orden para su averiguación, detención y puesta a disposición al no acudir al juicio -Su defensa no ha podido contactar con él y no sabe su paradero

Vista del Palacio de Justicia donde está la Audiencia Provincial // I.O.

Un conductor de nacionalidad portuguesa estaba citado a juicio ayer en la Audiencia Provincial para responder por la comisión de un delito de cohecho. El hombre no se presentó ayer en la sala de la Audiencia y fue este organismo el que emitió una orden de averiguación, detención y puesta a disposición judicial tras desoír la citación judicial a la que estaba requerido en el día de ayer.

Al encausado se le juzga por, según la versión de los hechos que reproduce el Ministerio Público, intentar sobornar a un agente de Tráfico el día 31 de julio de 2017. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico observaron que no circulaba correctamente y detectaron diversas infracciones a la ley de ordenación de los transportes terrestres que totalizaban un total de 7.003 euros de sanción. Como el vehículo era de nacionalidad portuguesa, para que los ocupantes pudieran continuar el viaje era necesario que depositaran el importe de las denuncias, ya que en caso contrario la furgoneta debería quedar inmovilizada.

Ante esta situación, el acusado pensó que podría solucionarlo con un soborno. Colocó en la mano de un agente un billete de 100 euros, diciéndole que lo cogiera y que a cambio no los denunciara y los dejara seguir. El guardia rechazó la proposición y recriminó el comportamiento del acusado, pero este insistió. Por segunda vez intentó que a cambio de los 100 euros les perdonara. Según la versión de la Fiscalía, añadió que no era la primera vez que hacía algo así y que se trataba del único policía que no aceptaba dinero para no poner denuncias.

La defensa del encausado desconoce cuál puede ser su paradero y ayer estaba citado para certificar y acreditar la aceptación de una conformidad en la pena. La Fiscalía pedía 4 años y 6 meses, pero el pacto entre Ministerio Público y letrado defensor sería de 2 años de prisión. La ausencia del conductor en la sesión judicial prevista ayer, provoca la emisión de una orden y, en caso de que el acusado no aceptara el acuerdo que logró su defensa, se procedería a un juicio con jurado popular.

Además, tendría que hacer frente a una multa que rondaría los 7.000 euros.

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