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La Diputación pedirá a la Xunta garantías por escrito de que la gestión del CAPD será directa

-Ourense es la única provincia gallega sin un centro público para discapacitados adultos -El pleno reclama que se comprometa crédito en el presupuesto para contratar personal

Mesa de la presidencia durante una de las votaciones del pleno. // Carlos Peteiro

Mesa de la presidencia durante una de las votaciones del pleno. // Carlos Peteiro

La plataforma ProCAPD de Ourense, que integra a familias de personas con diversidad funcional, organizaciones políticas y sindicales, logró ayer un pronunciamiento unánime de la Diputación para instar a la Xunta de Galicia a que sea precisa respecto a la gestión del futuro Centro de Atención a Personas con Discapacidad, CAPD, cuya construcción se iniciará este año en Barrocás. Las familias llevan más de cuatro años con esta lucha y han conseguido la dotación residencial pero no la garantía de que la gestión será asumida de forma directa por la Consellería de Política Social a través de personal público.

Esa es su demanda y ahora también la de la Diputación, que tras un bronco debate aprobó instar a la Xunta a que garantice "por escrito" que el centro público será de gestión "exclusivamente pública directa". La moción, firmada por el BNG, recogía la propuesta de la plataforma y fue una de sus portavoces, Eva Gutiérrez, la que la defendió en un primer turno ocupando el escaño del diputado nacionalista Bernardo Varela.

La propuesta logró el apoyo inmediato de Ciudadanos y PSOE, pero el PP y DO incorporaron una enmienda que irritó a la oposición porque obviaba el apellido "directa" al referirse a la gestión pública. La diputada de Cs Montse Lamas pidió su retirada y demandó "empatía" al grupo de gobierno censurando que el acuerdo unánime tuviese que ser objeto de debate: "Sean valientes igual que lo fueron con el paritorio de Verín", les dijo.

El gobierno de coalición accedió a incorporar el término pero se negaba a aceptar la propuesta del BNG por "elementos imprecisos", en palabras del vicepresidente Rosendo Fernández. El asunto se atascó y finalmente el presidente Manuel Baltar propuso un receso para que los portavoces consensuasen un texto. La enmienda se retiró y el acuerdo unánime fue celebrado con un aplauso de las familias que acudieron a presenciar el debate.

Además del compromiso por escrito, la Diputación pedirá a la Xunta que comprometa partida de crédito en los próximos presupuestos autonómicos "que garanticen su gestión pública directa a través de la contratación de personal público". Para ello instan al ejecutivo gallego a "realizar una convocatoria urgente de un concurso oposición para la selección inmediata de personal" en cuanto finalicen las primeras fases de proyecto. El pleno también solicita que se garantice la participación "efectiva" de la plataforma en todo el proceso.

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