Los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., investigados desde enero de 2018 por el presunto asesinato de su compañero Celso B. A., que el 9 de abril de 2016 apareció muerto de un disparo en la comisaría con una de las pistolas robadas del búnker, abren un nuevo capítulo en la complicada trama de la policía de Ourense acusando a la jueza con una querella. La magistrada Eva Armesto, titular de Instrucción 3 de Ourense, mantiene la causa abierta y ha rechazado la petición de archivo de la defensa y de la Fiscalía. Sospecha que los hermanos mataron presuntamente a su compañero para que no se descubriera su implicación junto a él en la sustracción de las armas y la elaboración de anónimos dirigidos a Asuntos Internos y a la prensa.

La querella, formulada por un abogado de Madrid distinto al que los representa en la causa del presunto homicidio, atribuye a la magistrada presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos. La denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El ponente designado de la Sala de lo Civil y Penal debe decidir si la admite a trámite, lo que todavía no ha sucedido y podría demorarse unas semanas, según indican fuentes del tribunal. Si la querella se admite puede suponer que la jueza tenga que apartarse de forma provisional hasta que se resuelva su hipotética responsabilidad. Se haría cargo de la causa su sustituto legal, que es el titular de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval.

Este movimiento trasciende a los pocos días de que la instructora decidiera preguntar a las partes para decidir si prorroga otros 18 meses la investigación del presunto crimen del agente Celso. La causa se abrió nada más aparecer el cadáver y estuvo dos años bajo secreto de sumario. El plazo máximo de instrucción termina a finales de este mes. La Fiscalía quiere que el caso finalice ya, y se apoya en un dictamen de la Audiencia Provincial de Ourense, que en julio, instó a la jueza a ir concluyendo y censuró el carácter "inquisitivo" de la instrucción.

El ministerio público se apoya en hasta 7 informes que se decantarían por un suicidio y no un crimen. La defensa basa sus peticiones de sobreseimiento rebatiendo los indicios de la jueza con dictámenes oficiales en contra.La investigación judicial de esta muerte lleva camino de los 4 años de instrucción. Acumula una veintena de tomos y casi 9.000 folios. La causa mide la diferencia absoluta de criterios entre distintas unidades de la Policía, así como también entre el ministerio público y la jueza. Por una parte, la UDEV de la comisaría sostiene la tesis del asesinato, "pudo ser el resultado de una acción planificada por Bernardo y Roy", y atribuye a los hermanos el robo de armas y los anónimos, en mayor grado que al fallecido. Por otra, Asuntos Internos, que investigó la Zamburiña (a juicio 4 policías y 9 presuntos traficantes) no ve un "solo rastro" de un crimen y concluye que Celso se suicidó por sentimiento de culpa. Lo señalan como el responsable en exclusiva de la sustracción.

La jueza Armesto apartó a Asuntos Internos porque sostiene que la unidad "omite" informes y peca de "errores", de "faltas de diligencia" así como de "conclusiones a la postre inciertas". La instructora sostiene que existen "plurales indicios" de un asesinato. La acusación particular, que representa a la familia de Celso, también considera que se trató de un asesinato. La querella de los gemelos contra la jueza que ordenó su detención en 2018 abre un nuevo capítulo en esta rocambolesca situación judicial que mantiene en otro tribunal, en una causa separada, una investigación abierta por el robo de armas.